La nueva regulación de la administración Trump sobre las determinaciones de "carga pública" que entró en vigor el pasado viernes, sigue generando incertidumbre para las familias migrantes.
Asociaciones advierten que la nueva norma de carga pública afectará al acceso a la sanidad y a los alimentos en familias migrantes
Asociaciones como el California Immigration Project alertan de que vulnera derechos de hogares con miembros de diferentes estatus migratorios, de buscar atención médica, asistencia alimentaria y otros servicios para los que sí cumplen los requisitos.
Video ¿Qué Cambió con la Regla de Carga Pública?
Algunas asociaciones advierten de que podría disuadir a inmigrantes y hogares con miembros de diferentes estatus migratorios, de buscar atención médica, asistencia alimentaria y otros servicios para los que sí cumplen los requisitos.
Recordemos que la norma otorga a los funcionarios de inmigración un mayor margen de discrecionalidad para tener en cuenta la edad, el estado de salud y el uso de beneficios públicos de un solicitante a la hora de determinar quién puede ser considerado una "carga pública".
De hecho, señalan cómo Trump puso en vigor en 2020 una norma similar antes de que un tribunal federal determinara en 2021 que era ilegal.
Sin embargo, sus efectos fueron visibles: el miedo y la confusión sobre las consecuencias migratorias hicieron que uno de cada seis adultos de familias inmigrantes, incluidos ciudadanos estadounidenses, evitara buscar atención médica y otras ayudas para las que sí cumplía los requisitos.
La California Protecting Immigrant Families Coalition (CA PIF), presidida por el California Immigrant Policy Center, reaccionó a la entrada en vigor de esta nueva norma y a su posible impacto en las familias de California:
"Es crueldad deliberada. Esta norma no hará que nadie esté más sano o más seguro; simplemente enseñará a la gente a tener miedo de las clínicas, los bancos de alimentos y las enfermerías escolares. Un miedo así mantiene enfermos a los niños y a las familias en la sombra, y tiene un alto costo: para la salud pública, la estabilidad familiar y la decencia básica", afirmó Masih Fouladi, director ejecutivo del California Immigrant Policy Center.
"El 44 %, de los niños de California (más de 3,7 millones) viven en familias inmigrantes, a pesar de que la gran mayoría de ellos son ciudadanos estadounidenses. Las políticas migratorias hostiles ya están provocando un efecto disuasorio, haciendo que las familias renuncien a atención médica que necesitan y eviten la escuela o las guarderías. La reciente modificación de la norma sobre carga pública agrava estos temores, aunque la norma solo se aplica a una pequeña parte de los inmigrantes", denunció Liza Davis, directora de Incidencia de Children in Immigrant Families, de The Children’s Partnership.
"Pero el miedo es real, y algunos padres inmigrantes ahora tienen que tomar una decisión imposible entre recibir la atención médica y los apoyos esenciales que sus hijos necesitan para estar sanos y desarrollarse, o poner en riesgo su propio estatus migratorio", criticó Davis.
Desde California Immigration Project (CIP) aseguran que durante los últimos meses han recibido llamadas de familias confundidas y asustadas por los cambios en la norma sobre carga pública.
"Como consecuencia, muchas familias están considerando darse de baja de algunos o de todos los beneficios a los que ellas o sus hijos ciudadanos estadounidenses tienen derecho y para los que cumplen los requisitos. Como defensores, debemos recordar a las familias que consulten con un abogado de inmigración antes de realizar cualquier cambio en sus beneficios", afirmó Marcus Tang, director ejecutivo de CIP.