En California, los caseros están amenazando a los inquilinos inmigrantes con deportaciones

La clienta de Shirley Gibson estaba en peligro. La mujer, una madre de tres hijos que vive en el condado de San Mateo en California, había obtenido una orden de restricción contra el padre de sus hijos por abuso doméstico. Su casero aprovechó la oportunidad para exigirle que firmara un nuevo contrato de alquiler. Ella le pidió que le dejar llevarle el documento a un abogado.

"Jurídicamente, una víctima de violencia doméstica no tiene obligación de aceptar nuevas condiciones de arrendamiento o pagar más alquiler sólo por ser una víctima", dice Gibson, abogada directora de la Sociedad de Ayuda Legal del Condado de San Mateo.

El casero no aceptó que la mujer recibiera apoyo legal. Gibson dice que el hombre hizo una clara amenaza. “Si no firma esto ahora mismo, voy a llamar a inmigración y a usted se la llevarán a México, lejos de sus hijos”, habría dicho el casero.

En ese momento, la mujer era una madre soltera, sin figura paterna presente en lo absoluto. En su mente, tenía que elegir entre perder su casa o perder a sus hijos y su país.

"Ella le creyó al casero, porque cuando él la amenazó, llevaba puesta la gorra roja —la gorra de ‘Make America Great Again'— y en su mente eso significa, 'Esta persona realmente me odia'", dice Gibson.

Envalentonados por las políticas antiinmigración del presidente Donald Trump, caseros de toda California están amenazando con reportar a los inquilinos indocumentados a las autoridades de inmigración. Los arrendadores que buscan desalojar a sus inquilinos, aumentar sus rentas o ahogar sus quejas sobre las condiciones de vida están explotando los miedos de los inquilinos indocumentados a ser deportados, de acuerdo con abogados de vivienda.

Aunque los inquilinos indocumentados y los hogares con estatus migratorio mixto han sido siempre vulnerables al abuso y la intimidación, los expertos en asesoría jurídica de California dicen que llueven los informes de amenazas explícitas de deportación de todas partes del estado.

"La magnitud a la que esto está ocurriendo ha aumentado espectacularmente desde la elección de noviembre", dice Jith Meganathan, promotor de política del Centro Occidental sobre la Ley y la Pobreza. "Tenemos entre entre dos millones y medio y tres millones de indocumentados viviendo en California, la mayoría de los cuales son inquilinos. Los caseros sin escrúpulos se aprovechan de ese hecho para privar a los inquilinos de sus derechos legales".

La mayoría de las veces, los propietarios de viviendas que amenazan con reportar a un inquilino al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) lo hacen en respuesta a quejas sobre la unidad de alquiler: fugas de tuberías, moho, cables eléctricos expuestos, y otras cosas. En el pasado, las organizaciones que entregan asesoría jurídica solían recibir ocasionalmente llamadas desde un edificio cuando un arrendador amenazaba con llamar y pedir una redada del ICE con el fin de salir de solucionar el problema.

Sin embargo, en las jurisdicciones de alquiler controlado donde los precios de la vivienda se están disparando, algunos arrendadores ahora están amenazando con reportar los inquilinos indocumentados o los hogares con personas de estatus mixto al ICE para poder aumentar sus rentas. También lo hacen para desalojar a los inquilinos que consideran indeseables, con la esperanza de atraer inquilinos más acomodados en los vecindarios gentrificados.

"Tenemos reportes de que esto ocurre en todas partes de California", dice Meganathan. "El Área de la Bahía, Los Ángeles, San Diego, el condado de Orange, las zonas rurales como Central Valley y la Costa Central".

Bajo la ley del estado de California, los caseros no pueden preguntarle a un inquilino o sus familiares acerca de su estatus migratorio. Una propuesta ante la legislatura del estado —la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes de 2017— fortalecería las protecciones a los inquilinos prohibiéndoles a los arrendadores revelar el estatus migratorio de un inquilino a las autoridades. También haría ilegal para los arrendadores amenazar con reportar a un inquilino al ICE o poner en peligro los derechos legales de un inquilino indocumentado.

Las organizaciones de asesoría jurídica no pudieron ofrecer una cifra concreta del aumento de las amenazas de desalojo relacionadas con la inmigración, pero todos registraron una creciente sensación de alarma. Los caseros aprovechadores exacerban la ya precaria situación de la vivienda para las familias latinas de California: sólo un 43% de las familias latinas eran propietarias de sus hogares en 2014, en comparación con un 63% de las familias blancas. Casi un 12% de las familias hispanas en California viven en condiciones de hacinamiento en las viviendas, más del doble del promedio de las familias hispanas en todo el país. Y un 57% de las familias hispanas del estado están agobiadas por el alquiler, lo que significa que destinan más de un tercio de sus ingresos al pago del alquiler.

Navneet Grewal, abogado principal del Centro Occidental sobre la Ley y la Pobreza, dice que las amenazas sobre el estatus migratorio no sólo están aumentando en número, sino también en su nivel de intimidación. Por ejemplo, el abogado de un arrendador que pregunta sobre el estatus migratorio del inquilino durante una audiencia de deposición en una disputa sobre alquiler, en la cual el estatus migratorio no tendría ninguna influencia. Las agencias de asesoría jurídica sin fines de lucro de todo el estado están informando sobre amenazas de desalojo por parte de arrendadores quienes mencionan el nombre del presidente Trump.

"Lo que solíamos ver, cuando había un edificio con personas que tenían problemas de habitabilidad, es que había los caseros amenazaban con reportar todo el edificio al ICE", dice Grewal. "Lo que escucho de la gente ahora es que existe una actitud de '¿Por qué pasar por el proceso de desalojo cuando puedo simplemente llamar al ICE para que hagan el trabajo del sheriff?'".

Los temores relacionados con los alquileres en California van más allá del arrendamiento. Las familias que reciben asistencia federal de vivienda se preocupan de que recibir o incluso solicitar ayuda federal de vivienda, como los vales, podría volverlas vulnerables a la deportación. Las familias con estatus mixto pueden recibir asistencia prorrateada según los diferentes estatus migratorios de los distintos miembros de la familia.

"Eso es perfectamente legal bajo la ley", dice Karlo Ng, abogado supervisor para el National Housing Law Project. "Pero el temor es que si hay alguien en la familia que no es un ciudadano, ¿eso te pone en riesgo? ¿Eso te pone en el radar del ICE?".

De acuerdo al abogado, este ambiente está alejando a la gente de apoyos a los que tiene derecho. "Hay personas que todavía no han recibido beneficios federales de vivienda, pero tienen miedo de que si reciben algún beneficio, no sólo los beneficios de vivienda, corren el riesgo de meterse en problemas o de que se envíe su información a las autoridades de inmigración", dice Ng.

Las familias de inmigrantes parecen estar renunciando a todo tipo de interacciones con el gobierno, no sólo a la ayuda. Los reportes de abuso doméstico entre latinos en Los Ángeles en 2017 han disminuido en un 25% (en la otra costa, la policía de Filadelfia también informó de una disminución en los crímenes violentos reportados por los latinos). Gibson dice que muchos clientes que acuden a ella con un caso sólido tienen demasiado miedo como para ejercer sus derechos legales en la corte. Los intentos de intimidación que antes habrían sido inimaginables para alguien que vive en el Área de la Bahía parecen más apremiantes ahora.

"Anteriormente, cuando estábamos asesorando a la gente, les decíamos, 'Mira, la probabilidad de que, incluso si tu arrendador llamara a las autoridades de inmigración, éstas le respondieran el teléfono y le prestaran atención a un arrendador cualquiera, y eso les inspirara a ir a arrestar a alguien, [es] practicamente nula'", dice Gibson. "Ahora, ¿quién sabe? No le puedo decir a la gente que eso no va a suceder".

Ella relata la experiencia de otra clienta, cuyo casero estaba empujándola a desalojar su apartamento. No había tomado ninguna medida formal para desalojar a la mujer; simplemente estaba advirtiéndole que el papeleo tendría consecuencias. Si ella lo obligaba a notificarle con documentos judiciales, ella sería descubierta en el juzgado y deportada.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de California Tani Cantil-Sakauye Gorre comparte esa preocupación. " Los juzgados no deben ser utilizados como cebo en la necesaria aplicación de las leyes de inmigración de nuestro país", les dijo el mes pasado a Jeff Sessions, fiscal general, y a John Kelly, secretario de Seguridad Nacional.

Incluso a los inquilinos que conocen sus derechos legales les preocupan sus interacciones con el gobierno, dada la inclinación de la Casa Blanca en cuanto a la inmigración. Gibson dice que la ley estatal necesita ser mejorada a fin de abordar los temores específicos de la era de Trump.

"Esa misma clienta nos llamó de vuelta en algún momento y dijo 'mis hijos están en casa y me dicen que hay dos hombres en la puerta'", dice ella. "Su hijo adolescente le envió un mensaje diciéndole, ',amá, hay unos hombres en la puerta, y creo que pueden haber venido a llevarte'".

La mujer terminó enviando a su vecina a verificar. Los dos hombres vestidos de trajes, para su alivio, resultaron ser testigos de Jehová.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.