Se espera que el lugar, donde habitan cerca de 1,200 reos acusados de crímenes de alta peligrosidad, sea cerrado en un año. Entretanto, la supervisora del condado, Hilda Solís, pidió que se habilite un grupo de expertos para discutir propuestas sobre cuál seria la solución tras el cierre del centro. Sin embargo, el alguacil Álex Villanueva expresó su desacuerdo con la decisión.