Según los informes, los trabajadores de estos centros habrían cambiado los historiales médicos con el fin de cobrar dinero extra a los seguros del gobierno por medicamentos innecesarios. Más de 100 padres hacen parte de las múltiples demandas entabladas desde el 2016, cuando decenas de menores de edad resultaron enfermos por una bacteria que adquirieron en estas instalaciones.