SAN JUAN, Puerto Rico.- Los incentivos fiscales que Puerto Rico ha utilizado por más de una década para atraer a estadounidenses adinerados están bajo un nuevo escrutinio federal tras la publicación de un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés). El documento advierte que las exenciones podrían costar cientos de millones de dólares anuales y que algunos beneficiarios podrían no estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales federales.
Incentivos fiscales en Puerto Rico bajo escrutinio por posible evasión y débil supervisión
El informe de la GAO advierte que el IRS careció por años de datos y recursos para vigilar a beneficiarios de incentivos.
Por:Univision
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El informe, dado a conocer este viernes, fue solicitado en julio de 2023 por demócratas del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, quienes buscaban investigar si los beneficios fiscales “podrían crear un paraíso fiscal injusto para los ultra-ricos sin aportar beneficios reales a la población de Puerto Rico”.
La auditoría, iniciada en diciembre de 2023 y concluida este año , revela fallas significativas en la supervisión del Servicio de Impuestos Internos (IRS), así como problemas de coordinación con las autoridades fiscales de la isla. La GAO señala que, durante años, el IRS no contó con datos completos, incluidos números de Seguro Social, para verificar el cumplimiento de quienes reclamaban los incentivos.
Entre 2012 y 2024, Puerto Rico otorgó más de 5,800 decretos de incentivos a inversionistas residentes y casi 3,900 a empresas de servicios de exportación. La mayoría de los beneficiarios proviene de California, seguidos por Florida, Nueva York y Texas.
El informe destaca que, aunque el IRS anunció en 2021 una campaña para investigar posibles casos de evasión, los resultados comenzaron a verse apenas recientemente debido a la complejidad de las auditorías a personas de altos ingresos, la falta de priorización y brechas de comunicación con el gobierno puertorriqueño. Un ejemplo citado data de agosto de 2023, cuando autoridades locales compartieron una auditoría que identificó a 179 contribuyentes que no acreditaron cumplir con el requisito de residencia; algunos casos no fueron priorizados por el IRS.
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Las críticas políticas no se hicieron esperar
El congresista demócrata Jared Huffman, de California, afirmó que tras la reducción de personal del IRS durante la administración del presidente Donald Trump, “queda poca capacidad para verificar si estos contribuyentes cumplen las reglas”. Por su parte, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez sostuvo que la política “incrementa la desigualdad en la isla y priva de ingresos a programas federales como el Seguro Social y Medicare”.
Los incentivos, creados en 2012 durante la administración del entonces gobernador Luis Fortuño, incluyen la Ley 20, que ofrece a empresas de servicios de exportación una tasa corporativa de 4% y exención total sobre dividendos, y la Ley 22, dirigida a individuos adinerados que se mudan a la isla, con exenciones totales sobre dividendos, intereses y ganancias de capital a largo plazo.
Defensores de las medidas citan estudios del gobierno local que estiman la creación de más de 36,200 empleos y más de 2,500 millones de dólares en inversión. Sin embargo, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico calcula que entre 2020 y 2026 el gobierno habrá dejado de recaudar 4,400 millones de dólares por incentivos a inversionistas individuales y 1,800 millones por empresas de exportación.
La GAO concluye que la economía puertorriqueña ha mostrado poco o ningún crecimiento desde la implementación de los incentivos, aunque reconoce que no es posible determinar cómo habría evolucionado sin ellos, en un contexto marcado por huracanes, terremotos y la pandemia. Puerto Rico ha endurecido recientemente los requisitos de cumplimiento, incluida la duplicación a 10,000 dólares de la donación anual obligatoria a organizaciones sin fines de lucro.
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