Perder la protección del programa y meterse en problemas legales por algún crimen pone a los jóvenes indocumentados bajo el radar del Servicio de Inmigración. El número de permisos que la Oficina de Ciudadanía e Inmigración ha revocado también ha incrementado. A finales del año fiscal 2017, 850 jóvenes amparados bajo el programa perdieron sus permisos.