Según Miguel Santiago, asambleísta del estado, el arrendatario tiene derecho a permanecer en su vivienda y a que no lo corran de su hogar, pero también debe comprometerse a pagar, al menos, el 25% de la renta mensual. “Si no abonan ese porcentaje, las personas corren el riesgo de ser desalojadas el 1 de febrero”, explica Santiago.