A pesar de que en semanas entra en vigor una nueva ley estatal para brindar garantías a los arrendatarios, varias personas denuncian que siguen recibiendo órdenes de desalojo. Activistas y organizaciones exigen al Concejo de la ciudad que, además de la implementación de un programa de fondos que ayude a los afectados a obtener representación legal, apruebe una ordenanza que les ofrezca seguridad.