En el marco de su política de protección a inmigrantes, el gobernador Newsom firmó recientemente la ley AB 3228, la cual permite demandar a los operadores de centros de detención privados si no cumplen con los estándares de atención pactados en sus contratos. "Sabemos que hay muchos abusos y que no les ayudan con la salud. Con esta ley el gobernador va a forzar a estos centros a que traten a las personas mejor", asegura el abogado Víctor Nieblas.