El presidente del Senado de California al gobierno de Trump: “Nos vemos en los tribunales”

LOS ÁNGELES, California.- El presidente protempore del Senado de California, Kevin de León, acompañado por varios líderes parlamentarios estatales respondió este miércoles con dureza a las dos órdenes ejecutivas sobre seguridad e inmigración firmadas por el presidente Donald Trump -que anuncian la construcción del muro y la retirada de fondos federales a las ciudades santuarios- y aseguró que los legisladores californianos están dispuestos a llevar a los tribunales al gobierno de Washington por unas medidas políticas que considera "vengativas", "miserables" y un "chantaje".

En las directivas de Trump se define de manera muy amplia qué inmigrante es susceptible de ser deportado (por ejemplo, cualquiera que se haya identificado con una tarjeta falsa en un trámite gubernamental) y se encarga al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, para que vea cómo impedir que las ciudades que se niegan a cooperar con oficiales migratorios obtengan ayuda económica de las arcas federales. Además, Trump anunció el inicio inmediato de la construcción del muro con México que fue uno de los puntos estrella de su campaña.

"Él (Trump) no fue elegido rey y esto no es una monarquía. Esto es Estados Unidos y es una república con representación directa", comentó De León en respuesta a las medidas que considera que "son contraproducentes" e "innecesarias".

"Son directivas vengativas y miserables que solo llevan miedo a los corazones de millones de personas", añadió De León, quien insistió en lo que horas antes ya había dicho en su cuenta de Twitter, que quitar financiación federal a las ciudades que "rechazan los destructivos programas de deportación es inconstitucional".

"Nos vemos en los tribunales", afirmó De León. "No puede forzarnos y no dudaremos en luchar en el Congreso y aclarar el asunto en la corte".

De León y sus compañeros legisladores hicieron referencia a la Décima Enmienda de la Constitución de EEUU que ha sido usada en varias ocasiones para poner límites a la intromisión de Washington en la gestión de temas que competen a las autoridades locales y estatales.

El próximo martes los comités Judicial y de Seguridad Pública del Senado analizarán de urgencia tres proyectos de ley destinados a garantizar que todos los indocumentados tengan representación legal en caso de enfrentar un proceso de deportación, a impidir que se utilicen recursos públicos de California para apoyar operaciones de agentes de inmigración (ICE), y prohibir que agencias estatales informen a sus contrapartes federales sobre las creencias religiosas de los ciudadanos.

Las órdenes ejecutivas, que el senador Scott Wiener (San Francisco) calificó de "basura", no serían de aplicación directa en lo que se refiere al dinero federal que va a las ciudades santuario porque eso requiere del visto bueno del Congreso, según explicó De León.

"Somos un estado que dona a estados rojos (republicanos)", manifestó De León sobre la redistribución del dinero a nivel federal. California es un estado que aporta a los fondos federales más de lo que recibe.

"Cuando enviamos esos dólares (a Washington) es con la expectativa de que vuelvan para beneficiar a la gente de California [...] No es un regalo o una beca, son nuestros dólares", declaró De León para quien lo que está haciendo Trump es un "intento de chantaje".

"Quiere forzarnos a capitular para que hagamos su voluntad", añadió.

En California hay numerosas ciudades que cuyos agentes del orden han reiterado su rechazo a realizar tareas migratorias, entre ellas Los Ángeles y San Francisco. En caso angelino, el impacto de una retirada de fondos federales supondría la pérdida del 6.25% de su presupuesto anual, de acuerdo con datos recopilados por City Lab, mientras que San Francisco perdería un 5.2% de sus recursos.

"Nosotros no pedimos a los oficiales de policía local que pongan en práctica leyes federales de inmigración -y esa ha sido la política oficial de LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles) desde hace casi 40 años. Esto es por el bien de todos, porque la confianza entre la Policía la gente a la que sirve es absolutamente esencial para la aplicación efectiva de las leyes. Todo el mundo en L.A. debería sentirse seguro dando un paso al frente si han sido testigos de un crimen o son víctimas. El estatus migratorio no debería interferir con la cooperación que necesitamos para mantener nuestros barrios seguros", comentó el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, en un comunicado tras el anuncio de Trump este miércoles.

Para el alcalde angelino "separar familias y recortar los fondos de cualquier ciudad" pone la "salud económica" de EEUU "en riesgo".

El vicegobernador de California, Gavin Newsom, calificó las órdenes ejecutivas de Trump de este miércoles de "una declaración de devastación económica nacional", además de "inhumanas e inmorales".

"Es irresponsable e irracional obligar a las ciudades a participar en redadas de deportaciones bajo la amenaza de que les retirarán sus dólares", agregó Newsom.

Estas declaraciones son las últimas de una serie de manifestaciones de líderes de California -un estado en el que la Oficina del Gobernador y la Asamblea y el Senado están bajo el control del Partido Demócrata- que reflejan la oposición de este territorio a que se apliquen medidas que puedan perjudicar -entre otros- a la comunidad de inmigrantes indocumentados (se calcula que más de 2.5 millones de personas) y la voluntad de su dignatarios de defender sus posiciones frente a Washington.

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