Se trata de una medida que podría acoger a unas 66,000 personas y que, según el fiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascón, "va a beneficiar mucho a la comunidad latina y afroestadounidense". Asimismo, el funcionario asegura que la decisión ayudará a quienes tengan procesos migratorios pendientes y cuenten con antecedentes penales por el uso, transporte o posesión de cannabis.