Los afectados son en su mayoría de bajos recursos, personas de la tercera edad e incluso discapacitados. Aseguran que se han sentido presionados para decidir si se van del edificio o aceptan el aumento en el alquiler, que en algunos casos es hasta del 100%. La encargada del inmueble dice que el dueño terminó un contrato que tenía con la ciudad para recibir una subvención de vivienda que le permitía mantener los precios de renta a bajo costo.