En el extenso documento se evidenciaron registros de interacciones que sostuvo Liliana Carrillo con trabajadores sociales de los condados de Los Ángeles y Tulare. En ellos, los funcionarios realizaron evaluaciones en las que concluyeron que la mujer padecía de depresión posparto. Los familiares de la sospechosa avalaron la veracidad del manifiesto en el que, además, había reportes de visitas al hogar de los pequeños como parte de la investigación de abuso infantil.