Ana Grande, directora ejecutiva del Programa para Víctimas de Tortura, asegura que lo que está empezando a hacer el gobierno de Estados Unidos tras el fin del Título 42 “es una violación a los derechos humanos” de los indocumentados. Grande explica que la organización a la que pertenece lleva una vez al mes hasta la frontera a abogados, médicos, psicólogos y sociólogos con el fin de ayudar a la comunidad inmigrante.