Se calcula que la tarifa de este proceso judicial aumentará un 900%, por lo que la abogada de inmigración Noemí Ramírez cree que se trata de una manera de desanimar a las personas a hacerlo y más si se encuentran detenidas. La especialista también mencionó las llamadas citas "fantasmas" que se están registrando en los casos de deportación y las condiciones de la nueva regla de carga pública, aclarando que ésta aún no entran en vigencia.