La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que obliga al Estado Dorado a modificar o anular una ley aprobada en 1975, la cual permite el acceso de los sindicatos a las propiedades agrarias para organizar a los trabajadores. La activista Dolores Huerta asegura que el fallo no le sorprende, ya que, según ella, la justicia estadounidense lleva varios años tomando decisiones en contra de la gente trabajadora del campo.