"Es importante que las personas no se confundan porque no es una regulación o una protección contra la deportación", dice la abogada Noemí Ramírez, quien explica que se trata de una norma a través de la cual los agentes migratorios tienen la autonomía de definir a quienes deportan. La nueva directriz dicta que un inmigrante podrá ser expulsado del país si existe alguna razón de peso para ello como, por ejemplo, que representa una amenaza para la seguridad nacional o que cuenta con antecedentes penales que lo clasifican como un peligro para la seguridad pública.