Algunos dueños de locales han interpuesto un recurso contra el gobernador Gavin Newsom, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y otros funcionarios estatales, alegando que se están violando sus derechos civiles. El abogado Arnoldo Casillas asegura que “el gobierno tiene el deber principal de proteger el bienestar, la salud y la seguridad del público. En tiempos de crisis, cerrar negocios es tal vez razonable, en otros tiempos sería una discriminación completa, exagerada”.