El pasado 1 de julio entró en vigor la ley SB-731 para sellar los récords de antecedentes penales en California, con el fin de ayudar a un millón de personas que han pagado su condena y con ello, que puedan acceder a un buen trabajo. Según los expertos, esta normativa no aplicará a aquellos que han sido sentenciados por abuso sexual o procesados por crímenes violentos. Rudy Pacheco, abogado especialista en derechos penales, explica esta ley que ha causado polémica.