Como una manera de combatir el tráfico humano y el abuso sexual, autoridades anunciaron que desde el 1 de septiembre solicitar servicios de prostitución será un delito más grave, considerado como de primer grado y que podría ser castigado hasta con dos años de prisión. Para dar con los responsables de estas prácticas, se instalaron varias cámaras en zonas de mayor riesgo como, por ejemplo, la calle Bissonnet.