El juez Thad Balkman obligó al gigante farmacéutico a pagar 572 millones de dólares al estado de Oklahoma por intencionalmente ocultar los peligros de las drogas opiáceas. El fiscal general del estado declaró que la decisión reafirmó la teoría de que la codicia de la empresa fue responsable de la epidemia del abuso de estas drogas. Johnson & Johnson se defendió diciendo que no causó la crisis.