HOUSTON, Texas- Diversas autoridades locales de Texas están elevando su voz contra una reciente decisión judicial que podría transformar de manera drástica el panorama migratorio en la región.
Condado Harris, El Paso y la ciudad de Austin piden revertir fallo que amplía la detención de indocumentados sin delitos
Funcionarios del condado de Harris, Austin y El Paso urgen a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito a revisar una polémica decisión que obligaría a detener indefinidamente a inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales. Se estima que podrían perderse más de 2.5 millones de empleos indirectos y cerca de 50 mil millones de dólares en gasto local.
Video Autoridades de Houston debaten procedimientos de la policía frente a inmigrantes y ICE
El condado de Harris, junto con el condado de El Paso y la ciudad de Austin, presentaron un escrito ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, solicitando que se reconsidere el fallo que amplía la detención obligatoria de inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales.
El documento advierte que la nueva política generaría daños profundos en la economía local, debilitaría la confianza de los residentes hacia las agencias de seguridad y deterioraría la salud pública en comunidades altamente diversas como Houston.
“Nuestra fortaleza está en la cooperación y en el aporte de todos quienes viven y trabajan aquí”, señaló el fiscal del condado, Jonathan Fombonne, al explicar que el fallo podría limitar esa colaboración y desestabilizar sectores esenciales.
De mantenerse la decisión, miles de trabajadores indocumentados serían detenidos de manera indefinida, sin derecho a fianza, incluso después de décadas de residencia en Estados Unidos.
La medida revertiría más de 30 años de precedentes legales que daban margen de discreción sobre la detención en casos migratorios.
Las consecuencias de la decisión judicial
El escrito de los condados advierte consecuencias amplias: una reducción significativa de la mano de obra en sectores como la construcción y la manufactura, aumentos en los costos operativos, y afectaciones directas al crecimiento económico regional.
Además, c alcula que podrían perderse más de 2.5 millones de empleos indirectos y cerca de 50 mil millones de dólares en gasto local proveniente de trabajadores indocumentados.
Funcionarios locales sostienen que la expansión de la detención migratoria podría generar un efecto dominó: menos cooperación ciudadana con la policía, aumento de enfermedades no tratadas y una presión adicional sobre los sistemas de salud pública.
Por ello, piden que el pleno del Quinto Circuito reevalúe el impacto humano y económico antes de permitir la mayor expansión del sistema de detención migratoria en la historia del país.
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