La querella se centra en los efectos de la explosión registrada en las instalaciones de la compañía en Baytown el 31 de julio el 2019. Las autoridades alegan que se infringieron leyes ambientales de conservación de agua y aire. El juez que asumió el caso aseguró que la posición del procurador general de Texas frente a esta situación se debe a intereses políticos.