La medida es una petición de la Fiscalía que asegura necesitar al menos 100 funcionarios nuevos, lo que tendría un costo de 20 millones de dólares. La corte de comisionados escucha actualmente las declaraciones de los integrantes de dicha entidad y de los activistas, quienes se oponen a la medida porque creen que aumentarían las detenciones.