Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS)
Auto de carreras confiscado en persecución ahora es patrulla de Texas DPS y enciende polémica
El Departamento de Seguridad Pública de Texas presumió en Facebook la nueva patrulla y afirmó que servirá para atrapar criminales donde quiera que estén en el estado. Algunos usuarios de redes sociales encendieron la polémica, poniendo en tela de juicio la forma en que se consiguió el vehículo.
No es la primera vez que DPS está en la mira de la opinión pública. La agencia ha tenido bastantes críticas por la respuesta que tuvieron en Uvalde.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas agregó una nueva unidad de patrullaje a su flotilla en la región sureste del estado: un Dodge Challenger, de los modelos Hellcat con 1,080 caballos de fuerza. El anuncio de la agencia causó polémica en las redes sociales, particularmente sobre cómo lo obtuvieron.
Texas DPS
Inicialmente, el auto deportivo se había usado
para evadir la ley, según el Departamento de Seguridad Pública, en un hecho que ocurrió en el Condado de Harris. Después, un juez se lo otorgó a DPS, una figura que se le conoce como “confiscación de bienes”.
DPS hizo una publicación en Facebook mostrando el nuevo vehículo. De acuerdo con Hot Cars, este sería un
modelo 2020 Redeye.
Texas DPS
“¿Quién sino el gobierno robaría el auto de alguien y luego haría una publicación no solo para alardear de ello, sino para
amenazar con robar más autos en el futuro?”, comentó en la publicación Spike Cohen, el nominado a vicepresidente por el Partido Libertario en 2020.
“Este automóvil probablemente fue robado bajo
confiscación de bienes civiles, lo que significa que su propietario
nunca tuvo la oportunidad de probar su inocencia en el juicio”, agregó Cohen.
Texas DPS
La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, en inglés) se ha pronunciado contra el abuso de la confiscación de bienes. Sostiene que le permite a la policía
decomisar, pero después puede quedarse o vender
un bien que presuntamente esté
involucrado en un delito.
ACLU asegura que los propietarios ni siquiera tienen que ser
arrestados o condenados por un delito para que el gobierno les 'decomise' sus bienes.
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