Se trata de una ley aprobada a nivel estatal para que distritos escolares, autoridades y miembros de la comunidad trabajen en conjunto con el fin evitar que los estudiantes caigan en manos de las redes de tráfico humano. La medida permitirá, por ejemplo, que se pongan letreros de prevención contra dicho flagelo en los alrededores de todos los planteles educativos de la región.