A raíz de los últimos incendios y explosiones en dos petroquímicas, la institución solicitó a la Corte de Comisionados un incremento en el presupuesto para indagar crímenes ambientales. Fueron aprobados 850,000 dólares que, según la propuesta, serán usados para contratar a cuatro fiscales y cuatros asistentes. Actualmente solo contaban con dos abogados encargados de revisar cerca de 500 casos de este tipo al año.