¿Qué es la Ley Melt ICE? La propuesta que busca eliminar la detención de inmigrantes y recortar el presupuesto de la agencia

Un grupo de legisladoras demócratas presentó en la Cámara de Representantes la llamada Melt ICE Act, una iniciativa que busca reducir drásticamente las funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), eliminar la detención de inmigrantes y destinar esos recursos a programas comunitarios como vivienda y atención médica.

La propuesta fue presentada por las congresistas Delia C. Ramírez, de Illinois, e Yvette Clarke, de Nueva York.

De acuerdo con las legisladoras, el objetivo es poner fin a la financiación destinada a la detención y vigilancia migratoria, al considerar que esos recursos han fortalecido las políticas de deportación masiva impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

¿Qué propone la Ley Melt ICE?

La propuesta busca modificar las facultades del Departamento de Seguridad Nacional relacionadas con la detención de inmigrantes.

Entre sus principales medidas se encuentran:

• Eliminar diversas disposiciones legales que actualmente permiten la detención de inmigrantes bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

• Cancelar, en un plazo de dos años, todos los contratos vigentes para operar centros de detención migratoria, incluidos los administrados por empresas privadas, gobiernos locales u otras entidades.

• Prohibir que el DHS firme nuevos contratos para abrir o mantener centros de detención de inmigrantes.

• Exigir al Departamento de Seguridad Nacional un plan para retirar los dispositivos de monitoreo electrónico utilizados en procesos migratorios dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la ley.

• Redirigir parte de los recursos actualmente asignados a ICE hacia organizaciones comunitarias que ofrecen servicios como vivienda, atención médica y apoyo a comunidades afectadas por las políticas migratorias.

¿Por qué impulsan esta iniciativa?

Las congresistas sostienen que el gobierno federal ha destinado durante años miles de millones de dólares al sistema de control migratorio y consideran que esos recursos han fortalecido una política de deportaciones masivas.

Ramírez afirmó que el Congreso no debería seguir financiando lo que calificó como una estrategia que "aterroriza a las comunidades" y aseguró que los recursos públicos deberían utilizarse para atender necesidades como la vivienda y la salud.

Por su parte, Clarke señaló que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ICE y el DHS han ampliado significativamente sus operaciones, por lo que considera necesario limitar su capacidad mediante restricciones presupuestarias.

Organizaciones respaldan la propuesta

La iniciativa fue elaborada con la colaboración de organizaciones como United We Dream y Detention Watch Network, además de contar con el respaldo de otros grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.

Las organizaciones que apoyan la medida argumentan que el presupuesto destinado a ICE ha crecido de forma considerable y que esos recursos deberían invertirse en programas comunitarios en lugar de ampliar la capacidad de detención y vigilancia migratoria.