Inquilinos latinos de Pico-Union acudieron a la corte en busca de justicia contra la propietaria de su edificio, acusada de presunto acoso, agresiones, vandalismo e intimidación para obligarlos a abandonar viviendas con control de renta. La mujer enfrenta cargos criminales y podría recibir hasta un año de cárcel y multas económicas.