ARLINGTON, Texas.- El auditorio del Ayuntamiento de Arlington quedó en silencio la noche del martes tras la votación que puso fin a la ordenanza local que protegía a residentes LGBTQ+ contra la discriminación.
Arlington elimina su ordenanza antidiscriminación LGBTQ: esto es lo que cambia para los residentes
El Ayuntamiento de Arlington votó a favor de eliminar las protecciones antidiscriminación de la comunidad LGBTQ+. La votación se hace ante la amenaza de perder 65 millones de dólares de subvenciones del Gobierno Federal.


La sesión registró una alta participación: unas 80 personas tomaron la palabra, la mayoría para pedir que la protección se mantuviera; otras expresaron su desacuerdo. Afuera del recinto hubo manifestaciones, pero tras el resultado prevalecieron la resignación, algunas lágrimas y un silencio tenso.
La ordenanza, aprobada en 2023, ya había sido suspendida temporalmente el 8 de septiembre. Este martes, los concejales decidieron si la restablecía o la eliminaba definitivamente.
“Habíamos avanzado mucho para retroceder así. Arlington era una ciudad donde todos éramos incluidos y ahora está negando protección a sus propios ciudadanos”, dijo Nathan Smith, residente que habló a favor de mantener la medida.
Quienes apoyaron eliminarla argumentaron que la ordenanza otorgaba protecciones “innecesarias”. Uno de los oradores afirmó: “ No quiero quitar los derechos a nadie, pero tampoco quiero darles de más. El Acta de Derechos Civiles ya protege a todos”.
Al final, el Concejo votó 5 a favor de eliminar la ordenanza y 4 a favor de mantener la medida antidiscriminatoria.
¿Qué hay detrás de esta decisión en Arlington?
Algunos de los partidarios de eliminar la medida señalaron que la ciudad podría arriesgar hasta 65 millones de dólares en fondos federales, en referencia a la advertencia del presidente Trump de retener recursos a ciudades que mantengan programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
¿Qué implicaba la ordenanza de protección?
La ordenanza prohibía discriminar, excluir, rechazar o segregar a cualquier persona por su orientación sexual o identidad de género en servicios, vivienda y establecimientos públicos.
Con su eliminación, residentes LGBTQ+ que enfrenten discriminación ya no podrán presentar quejas ante la ciudad, quedando limitados a procesos estatales o federales.






