Incluye Trump a Puerto Rico en plan que eliminaría la ciudadanía automática pero el camino legal sería complicado

SAN JUAN, Puerto Rico.- Las nuevas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento y combatir el llamado "turismo de maternidad" colocaron a Puerto Rico en el centro de un debate migratorio y constitucional que podría derivar en una nueva batalla judicial.

Aunque las medidas están dirigidas principalmente a personas extranjeras que viajan a Estados Unidos con el propósito de dar a luz para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense, los documentos difundidos por la administración federal también hacen referencia a los territorios estadounidenses, incluido Puerto Rico.

La inclusión de la isla ha generado interrogantes sobre el alcance real de las órdenes ejecutivas y sobre si podrían modificar las reglas de ciudadanía para los nacimientos ocurridos en Puerto Rico.

Aunque las órdenes ejecutivas incluyen referencias a los territorios estadounidenses, las medidas no modifican de forma inmediata las normas vigentes sobre ciudadanía en Puerto Rico. Cualquier cambio requeriría procesos legales adicionales y podría enfrentar impugnaciones judiciales, como ocurrió con la orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025 para restringir la ciudadanía por nacimiento, la cual fue bloqueada por tribunales federales mientras avanzaban los litigios.

Puerto Rico entra en el debate sobre la ciudadanía por nacimiento

La administración Trump sostiene que algunas personas extranjeras utilizan visas de turista para ingresar al país con el objetivo específico de dar a luz y obtener beneficios migratorios para sus hijos mediante la ciudadanía estadounidense.

Como parte de esa estrategia, la Casa Blanca ordenó a agencias federales reforzar la detección de casos de turismo de maternidad, endurecer los procesos de revisión de visas y desarrollar mecanismos para combatir redes y empresas que promueven este tipo de viajes.

Las nuevas disposiciones también contemplan la posibilidad de restringir la ciudadanía automática para hijos de personas identificadas como participantes en esquemas de turismo de maternidad, una medida que podría afectar tanto a los estados como a los territorios estadounidenses.

Puerto Rico mantiene una relación jurídica distinta con el gobierno federal. Mientras la ciudadanía por nacimiento en los estados está vinculada directamente a la Enmienda 14 de la Constitución, el estatus de ciudadanía de las personas nacidas en Puerto Rico se encuentra asociado además a legislación federal aprobada por el Congreso.

Por esa razón, cualquier intento de modificar las reglas de ciudadanía en la isla podría abrir un debate legal diferente al que se desarrolla en los estados.

Las órdenes ejecutivas firmadas por Trump no eliminan la ciudadanía para quienes nazcan actualmente en Puerto Rico ni modifican de forma inmediata las leyes vigentes. No obstante, sí colocan a la isla dentro de una discusión que podría llegar nuevamente a los tribunales federales e incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos.

La ciudadanía por nacimiento ha sido uno de los principales objetivos de la política migratoria de Trump desde el inicio de su segundo mandato. En enero de 2025, el mandatario firmó una orden ejecutiva que buscaba limitar ese derecho para hijos de inmigrantes indocumentados y de ciertos residentes temporales, pero la medida enfrentó bloqueos judiciales y fuertes cuestionamientos constitucionales.

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