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Illinois

Su padre habla español. Los padres de crianza temporal los criaron hablando eslovaco

Por generaciones, la agencia de Illinois para el bienestar infantil ha fracasado a la hora de atender adecuadamente a las familias de habla hispana cuyos niños tiene bajo su cuidado.

“Están destruyendo familias”.

Cuando nació su hijo en 2014, Jorge Matías tomó al bebé en sus brazos y lo arrulló con las canciones de cuna que aprendió en Guatemala cuando era niño. Bromeaba con la madre del bebé, diciéndole que crecería hablando español y que algún día ellos charlarían ese idioma en secreto para que ella no los entendiera.

Pero el niño nació con heroína en su organismo, y, cuando su cuerpo la eliminó por completo, los funcionarios de bienestar infantil de Illinois lo colocaron en un hogar de crianza temporal. Para recuperarlo, Matías tuvo que satisfacer una lista larga de requisitos, los cuales incluyeron terminar su relación con la madre del menor que era adicta a la heroína.

Matías visitó al bebé en la oficina de la administradora de su caso, le cambió los pañales, y, aprendió a prepararle el biberón mientras que documentaba su crecimiento con fotografías y videos en su teléfono celular.

Poco antes de cumplir un año, durante una visita con su padre en la biblioteca y con la madre de crianza temporal sentada cerca, el niño dijo lo que Matías consideró su primera palabra. No en español. Ni en inglés. Sino que en eslovaco. Mamka. Mami.

En ese momento Matías se dio cuenta de que su hijo se criaba con un idioma que él no entendía y temió lo que sucedería si transcurría más tiempo antes de recuperarlo.

Matías buscó amistad con compañeros de ascendencia europea oriental con quienes trabajaba en carpintería, y aprendió a usar aplicaciones de idiomas en su teléfono para buscar palabras y frases útiles. Poco a poco recopiló varias en eslovaco: Cobija. Leche. Arriba. Abajo. Tomates. Pollo.

Pero no pudo mantenerse al ritmo. Hacia el verano de 2016, cuando el niño cumpliría dos años, Matías le comentó a su terapeuta durante una sesión requerida, que se preocupaba por su incapacidad creciente de poderse comunicar con su hijo.

Seis meses después, el menor comenzó a gritar cuando Matías pasaba por él para sus visitas. Lloraba por su padre de crianza temporal. Lo llamaba “ocko”, palabra eslovaca para papá.

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Una Historia de Fracasos

Durante más de cuarenta años, el Departamento de Servicios para Niños y Familias (Department of Children and Family Services, DCFS) de Illinois, ha tenido la obligación, según una orden judicial federal, de colocar a hijos de padres latinos y de habla hispana en hogares de crianza temporal en los cuales se hable su idioma.

La orden, también conocida como el Decreto de consentimiento Burgos, tiene la potencia de beneficiar a miles de familias en un estado que cuenta con una de las poblaciones de hispanohablantes más grandes del país. De hecho, ese decreto de consentimiento se cita a menudo como modelo para la nación, habiendo sido nombrado en un estudio reciente acerca de la forma en que las agencias de bienestar infantil estadounidenses atienden a las familias de inmigrantes. Este es un tema que se ha vuelto aún más crítico en la actualidad por el ambiente político relativo a la inmigración.

Sin embargo, una investigación de ProPublica Illinois encontró que el DCFS ha fallado repetidas veces con su obligación de ayudar a las familias de habla hispana. La agencia sigue colocando a menores en hogares donde no se habla el idioma de sus padres, además de asignar a administradores de caso que no hablan español, con padres que no manejan bien el inglés. Cientos de familias se han visto afectadas a través de las generaciones; desde la primera cuyo apellido nombró el decreto de consentimiento, y, hasta la actualidad, con la historia de los hijos de Matías que fueron colocados en un hogar de crianza provisional en el cual no se hablaba ni inglés ni español.

Los expedientes muestran que, en algunos casos, la brecha del idioma hizo que los trabajadores sociales no captaran información relacionada con investigaciones de abuso y negligencia, lo cual se aunó a las lesiones y muertes de niños y niñas al cuidado del estado. Las deficiencias se extienden a las agencias privadas que trabajan con estas familias y a los abogados encargados de supervisar el cumplimiento de la orden judicial.

“Están destruyendo familias”, dijo Layla Suleiman González, ex funcionaria del juzgado federal encargada del decreto de consentimiento, dedicada actualmente a la docencia en Loyola University Chicago. “Cuando se le quita el idioma a un niño, o a una niña, también se le quita su identidad y su conexión con la familia, la comunidad y la cultura”.

Los expedientes de la agencia muestran casi trescientas posibles infracciones del Decreto Burgos desde 2005. Es casi seguro que esa cantidad esté por debajo de la verdadera cuenta, ya que, a menudo, los datos básicos de un caso, tales como raza, etnia e idioma de preferencia, han sido poco confiables o hasta falsificados por personal.

El DCFS no puede proporcionar un conteo coherente de los menores de padres hispanohablantes que están actualmente en hogares de crianza temporal donde no se habla español. Inicialmente, la agencia proporcionó datos que indicaron que más de cincuenta niños colocados recientemente podrían infringir el decreto de consentimiento. Jassen Strokosch, vocero del DCFS, dijo posteriormente que solo había dos infracciones. En mayo, mencionó que la agencia había revisado cada caso y que la cifra correcta era de menos de veinticinco.

Finalmente, Strokosch admitió esta semana que les era “difícil proporcionar cifras precisas”, y añadió que en estos momentos “buscaban mejores formas de crear estos informes, desde arriba y hasta el fondo”.

El funcionario agregó que podría parecer que ciertas asignaciones infringían el decreto Burgos, pero que ese no era el caso en realidad debido a que la agencia pudo haber priorizado otros factores tales como las necesidades médicas del menor por arriba del idioma. Otras podrían infringir en las políticas de la agencia, pero no en el decreto Burgos, ya que ese decreto de consentimiento les corresponde a las familias en la zona de Chicago y las normas del DCFS se aplican en todo el estado.

No obstante, mencionó Strokosch, cumplir con el decreto Burgos, y asegurar que las familias de habla hispana en todo Illinois reciban servicios en su propio idioma, son prioridades del director suplente del DCFS, Mark Smith, asignado al puesto el pasado abril por el Gobernador J. B. Pritzker. Smith es el treceavo líder de la agencia en la última década.

“El DCFS tiene el compromiso de responder plenamente ante las necesidades de los menores y las familias que atendemos, proporcionando cuidados y servicios que toman en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas y de origen”, indicó Strokosch.


Es fácil ver cómo el decreto Burgos ha sido ignorado en una agencia que lleva un largo tiempo lidiando con casos notorios de niños fallecidos y cantidades enormes de expedientes, dijo Rubén Castillo, juez principal del Juzgado de Distrito de EE.UU. para el Norte de Illinois, y primer monitor judicial federal para el decreto de consentimiento. Agregó, también, que el DCFS se ha visto tan abrumado al reaccionar a las crisis, que no ha hecho prioridad de los asuntos específicos de los latinos, quienes representan solo un 8 % de más de 16,000 menores al cuidado del estado.

“Yo sigo sin ver un gran empuje de parte de los directores del DCFS para contratar empleados hispanos, o buscar más familias de crianza temporal hispanas,” agregó Castillo. “Creo que ha habido demasiadas transiciones, demasiadas prioridades nuevas, demasiados casos de emergencia, demasiados niños que murieron en malas situaciones”.

Durante años, ninguna organización ajena al DCFS ha podido examinar si este cumple con el decreto judicial.

El Fondo México Americano de Defensa y Educación Legal (Mexican American Legal Defense and Educational Fund, MALDEF), grupo nacional de derechos civiles que representa a familias en litigios del decreto Burgos, dijo que el estado se ha rehusado repetidamente a proporcionar información que podría ayudarlos a monitorear el mismo. A través de entrevistas y una declaración escrita, los líderes de MALDEF indicaron que consideran opciones de tipo jurídico en la actualidad, pero que se inquietan que las protecciones otorgadas a las familias en el decreto de consentimiento, pudieran ser eliminadas si vuelven a enjuiciar al DCFS.

Preservar la familia es el principio básico que guía el bienestar infantil. Sin embargo, violar los derechos de los padres asignados en el decreto Burgos, puede retrasar la reunificación, proceso que de todos modos puede tardar años. Los niños que quedan apartados de sus progenitores podrían acabar con nombres anglicanizados o prácticas religiosas diferentes, o quedar inmersos en una cultura extranjera.

En algunos casos, las separaciones prolongadas hacen casi imposible que se pueda determinar lo mejor para estos menores: devolverlos a sus padres biológicos a quienes casi no conocen, o dejarlos con padres de crianza temporal que quizás no deberían de haberlos tenido tanto tiempo, aunque los hayan visto crecer y los quieran como si fueran propios.

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Una Promesa de Efectuar Reformas

Leopoldo e Iris Burgos se mudaron de Puerto Rico a Chicago en 1970, hablando solo español. En marzo de 1972, investigadores del DCFS tomaron la custodia de dos de sus hijos, Olga y Henry. El alegato específico en contra de estos padres sigue sin aclararse casi medio siglo después. Los informes noticiosos de fines de los ochentas dicen que los niños fueron encontrados asquerosos y picoteados por pollos que la familia criaba en su departamento.

Los administradores del caso de la agencia privada contratada por el DCFS colocaron a Olga, de unos tres años de edad en ese entonces, y a Henry, de 6, en dos hogares de crianza temporal distintos en los cuales solo se hablaba inglés.

Cuatro trabajadores sociales gestionaron el caso durante los tres años posteriores. Ninguno de ellos hablaba español.

Las barreras del idioma retrasaban hasta las interacciones más simples. En una declaración jurada, Iris Burgos dijo que no había visto a su hija durante siete meses, “porque no pude comunicarme con nadie” de la agencia.

Todos los comunicados enviados a la familia iban en inglés y a menudo servía de intérprete la hija mayor de los Burgos, de once años en ese entonces. No está claro por qué ni ella ni los demás hermanos fueron llevados para custodia.

Al caso no se le asignó un trabajador social bilingüe sino hasta tres años después de que la familia entrara al sistema de bienestar infantil. “Por primera vez”, agregó Iris Burgos en la declaración jurada, “sabemos lo que se espera de nosotros y cómo podemos planificar un programa que esperamos pueda devolvernos eventualmente a nuestros hijos”.


Lo que le sucedió a la familia Burgos era normal en esa época. En un estudio del DCFS de 1974, se determinó que el 80 % de los hijos y las hijas de padres latinos puestos al cuidado del estado, fueron colocados en hogares de crianza temporal no latinos; y, que, aproximadamente un 67 % de los casos de padres de habla hispana fue administrado por encargados que no hablaban ese idioma.

En noviembre de 1975, la Fundación de Asistencia Legal de Chicago (o Legal Assistance Foundation of Chicago), organización sin fines de lucro, presentó una demanda colectiva por violación de derechos civiles en contra del DCFS y de dos de sus proveedores, alegando discriminación sistemática en contra de familias latinas de habla hispana.

En menos de dos años después, el DCFS aceptó establecer reformas con la demanda aún pendiente. Entre estas, uno de los mandatos principales fue colocar a hijos de familias de habla hispana en hogares de crianza temporal en los cuales se les preservara su idioma. Si en dos meses no se pudiera encontrar un hogar adecuado, el estado necesitaría llevar un registro de todos los esfuerzos hechos por encontrarlo.

El decreto de consentimiento abarcaba a familias de habla hispana en Chicago, y sus suburbios, cuyos hijos fueran puestos bajo custodia del DCFS. Posteriormente, la agencia amplió sus políticas a todo el estado y a familias que habían sido investigadas por abuso o negligencia, pero cuyos menores no habían sido sacados del hogar.

El DCFS también aceptó aumentar la cantidad de hogares de crianza provisional de habla hispana, contratar más personal bilingüe y traducir los documentos del caso; además de prometer que llevaría un conteo preciso de las familias latinas cuyo idioma principal fuera el español, lo cual sería información esencial para dar seguimiento al cumplimiento.

Fue una meta ambiciosa que el DCFS luchó por lograr desde el principio.

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Renuncia a sus Derechos

Jorge Matías salió de Guatemala en 2003 cuando algunos familiares que vivían en Chicago fueron a visitar el pequeño pueblo donde había crecido con nueve hermanos y hermanas. En ese entonces era adolescente y trabajaba en las acequias de cultivos de plátanos después de haber terminado la preparatoria. El viaje de sus familiares de regreso a los Estados Unidos le brindó una oportunidad de buscar una vida mejor.


Matías y un pariente fueron detenidos por agentes migratorios cuando cruzaban la frontera a pie cerca de El Paso, pero fueron puestos en libertad rápidamente bajo la advertencia de que esperaran un citatorio por correo a través del cual se le indicaría cuándo presentarse ante el juzgado de inmigración.

Matías, de 34 años ahora, no pensó mucho acerca del encuentro y siguió su traslado a Chicago. En esa ciudad obtuvo un departamento cerca del barrio de Humboldt Park, mudándose con su padre quien había inmigrado años antes. Tan solo en unos años llegó a ganar hasta US$40,000 dólares anuales. “Comencé desde abajo,” dijo, “pero cuando aprendí carpintería pude ganar ese tipo de dinero”. Mandaba remesas a su madre cada varias semanas.

Cuando su padre regresó a Guatemala, Matías permaneció en Chicago. Le gustaba su vida en Humboldt Park, donde salía a pasear y escuchaba a los vecinos hablando español. Su rutina incluía irse en autobús a tomar clases de inglés por las tardes en el lado norte de la ciudad. Estudió ese idioma durante años y alcanzó entenderlo, aunque le seguía siendo difícil que otras personas lo entendieran al hablar.

En 2012, Matías viajaba una tarde en autobús a su clase cuando notó a Heather Penar. Le gustó su sonrisa y comenzó a charlar con ella. A su vez, ella le respondió en forma amigable y abierta. “Era alguien con quien podía practicar mi inglés”, recuerda Matías. “Me entendía”. Además, Penar también se sintió atraída por él. En una entrevista reciente ella dijo que nunca se había sentido “tan segura, cálida y protegida” con nadie antes de Matías.

Al principio salían juntos de manera informal. Compraban comida tailandesa o mexicana para llevar e iban al parque a platicar.

Matías le pidió que viviera con él cuando se enteró que estaba embarazada. Mencionaron casarse y vivir en el suburbio de Oak Park. Pero, dijo ella, su adicción a la heroína y a las pastillas Xanax descarriló sus planes.

Penar, que había sido condenada por robo y posesión de drogas, dijo que había escondido su adicción de Matías hasta el día que él la encontró desvanecida en el piso del baño. Él dijo que había pensado en dejarla pero que quería ayudarla a dejar las drogas. La llevó a una clínica en la que le administraron metadona.

En el verano de 2013, Penar dio a luz a un bebé varón que había sido expuesto a las drogas. Matías dijo que lo visitó en el hospital durante semanas, hasta que una prueba de paternidad mostró que él no era su padre y el bebé fue colocado en un hogar de crianza temporal.

Penar tuvo otro hijo expuesto a drogas el verano siguiente. La prueba de ADN que confirmaría que Matías era el padre no sería administrada sino hasta que el niño fuera colocado con los padres de crianza temporal, Jana y Peter Palenik, de origen eslovaco.

Children’s Home & Aid, la organización sin fines de lucro dedicada al bienestar infantil y contratada por el DCFS para administrar el caso, declinó exponer comentarios para este reportaje. Los Palenik rechazaron varias peticiones para entrevistarlos.

El DCFS indicó que las leyes estatales le prohíben hablar acerca de casos particulares. En abril, una jueza del Juzgado Juvenil del Condado de Cook dictó una orden para prohibir que ProPublica Illinois publique los nombres o las imágenes de los niños, citando la confidencialidad.

De acuerdo con los apuntes del expediente, un supervisor de Children’s Home & Aid informó posteriormente al DCFS que uno de los motivos por los que el niño no fue asignado a un hogar donde se hablara español, fue porque se retrasó la determinación de la paternidad. Ese retraso, agregó el supervisor, también fue un factor de la razón por la cual a los Palenik no se les informó acerca del idioma que deberían utilizar con el niño.

Transcurridas unas seis semanas desde que el bebé llegara al hogar de los Palenik, el DCFS le informó a Matías que podría solicitar un hogar en el que se hablara español. El expediente también indica que Matías mencionó tener familiares que podrían acoger a su hijo, aunque estaba contento con el cuidado que los Palenik ofrecían y no veía la necesidad de moverlo.

Matías, quien pensó que recuperaría a su hijo en unos cuantos meses, dijo que ese momento no habría podido imaginar que su decisión tendría efectos a largo plazo. En ese entonces él pensaba que los Palenik hablaban inglés en su casa. No supo que eran eslovacos sino hasta meses después de que su hijo fue enviado a vivir con ellos. Los Palenik le mencionaron al DCFS posteriormente que únicamente hablaban eslovaco en el hogar.

El expediente indica que el día después de la reunión con el DCFS, Matías le mencionó a una de las asistentes que él no “consideraba dominar el inglés completamente”. Entonces, la administradora de su caso, y una colega bilingüe de la agencia, le preguntaron si deseaba servicios en inglés o en español. Si optaba por el español, le indicó su administradora de caso, ella ya no seguiría a cargo de su expediente. Si optaba por el español, le indicó su administradora de caso, “ella encontraría servicios en español para las obligaciones que tendría que cumplir” para obtener la custodia.

Matías seleccionó el inglés. Al hacerlo, le informó posteriormente al DCFS un supervisor de Children’s Home & Aid, Matías había aceptado renunciar a sus derechos relacionados con el decreto Burgos.

El expediente del caso menciona que Matías indicó más tarde a los empleados del DCFS, que le habían dicho que podría llevarse a su hijo a casa más rápido si escogía el inglés.

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Falta de Supervisión

En los años posteriores a la firma del decreto de consentimiento Burgos, tanto abogados como monitores asignados por los juzgados encontraron repetidamente que el DCFS había manejado mal las dispensas, o forzado a los padres a renunciar a sus derechos del decreto Burgos.

En 1979, poco más de dos años después de que este entró en efecto, la Fundación de Asistencia Legal volvió a la corte, debido, en parte, a que el DCFS había declarado que ciento trece clientes de habla hispana habían renunciado a sus derechos, aunque únicamente pudieron proporcionar copias de trece dispensas. Algunas de estas habían sido firmadas por niños.

El problema surgió de nuevo en 1991. En su primer informe relativo al cumplimiento del DCFS, Castillo, primer monitor asignado por el juzgado, describió casos en los que los trabajadores sociales “básicamente, obligaron a las familias a firmar para renunciar a sus derechos de Burgos”, diciéndoles que no volverían a unirse con sus hijos. Agregó que el uso indebido de las dispensas podría “socavar completamente el propósito” de la orden judicial.

Lo anterior hizo que el DCFS aceptara que dejaría de utilizar las dispensas, aunque, en efecto, estas fueron reemplazadas por un formulario para determinar el idioma. Hoy en día, los padres que dominan el español como primera lengua renuncian a sus derechos si en sus formularios dicen que prefieren obtener servicios en inglés. Strokosch indicó que el DCFS no considera que estos formularios sean dispensas y agregó que cualquier intento de “influir en las opciones de lenguaje de los padres con la promesa de agilizar los servicios, sería totalmente inaceptable e investigado de inmediato”.

Periódicamente surgieron otros tipos de problemas, tales como no traducir información del expediente y permitir que niños sirvan de intérpretes. En un caso descrito por la inspectora general del DCFS en un informe realizado en 2008, una supervisora persuadió a una madre inmigrante a que firmara un documento con el que cedía la tutela de su bebé. El documento iba en inglés, idioma que ella no podía leer.

El DCFS sigue asignando administradores de caso que no hablan español a familias latinas. A enero de 2019, los expedientes de casos activos de la agencia relacionados con familias de habla hispana, mostraron más de cien atendidos por administradores que no hablan español. No es claro si utilizan intérpretes. El DCFS indicó que había revisado sus archivos y encontrado que muchos administradores de caso habían sido etiquetados incorrectamente como personas que no hablan español, cuando, de hecho, sí lo hacen.

La falta de precisión en cuanto a la asignación de códigos y la recopilación de datos ha sido un problema persistente en la agencia. En 1985, un estudio externo encontró que el DCFS no determinaba debidamente si las familias eran hispanas. En 1997, un informe de monitoreo encontró datos incorrectos o incongruentes que habían ocasionado errores de contabilidad de familias que preferían servicios en español. Un video elaborado por la agencia en 2017 para conmemorar el 40.º aniversario del decreto, muestra a la coordinadora del programa Burgos del DCFS explicando cómo “actualmente aún tenemos problemas al asignar los códigos correctos a las familias, no solo en términos de su origen étnico, sino también por el idioma que utilizan, si requieren intérpretes, si son familia clasificada para el decreto Burgos”.

Por ejemplo, en el expediente del caso llevado por la agencia, el hijo de Matías está registrado como blanco y de habla inglesa. En particular, los archivos del DCFS muestran que la agencia ha tenido dificultades con mantenerse al tanto de las preferencias de lenguaje de familias como esta, en las que el padre habla español y la madre inglés. Los requisitos del decreto Burgos corresponden aun cuando uno de los padres prefiera el español.

Los administradores de casos también han clasificado mal a las familias intencionalmente. En una evaluación de 2009, Lourdes Rodríguez, coordinadora del programa Burgos del DCFS, encontró que una oficina del área de Chicago etiquetaba familias como de raza blanca y habla inglesa a fin de reducir la carga de los casos, en cuanto a números, así como los requisitos de contar con personal bilingüe. “No tengo investigadores bilingües suficientes. ¿Qué debo hacer? La administración sabe que no cumplimos con el Decreto de consentimiento Burgos, pero yo debo asignar casos de todos modos y a quien tenga disponible”, indicó una supervisora de casos en ese entonces, según la evaluación.

Para conmemorar el 40.º aniversario de la orden judicial Burgos, el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois elaboró este video para promocionar la historia del caso. (Fuente: página del DCFS Illinois en YouTube).

Strokosch dijo que la agencia “mejora las formas en las que se monitorea el cumplimiento del decreto de consentimiento Burgos dentro del DCFS, y trata de ser totalmente transparente con los interesados y el público conforme avanza hacia el futuro”.

En 1996, MALDEF se hizo cargo de la representación legal de las familias que fueron parte de los litigios de Burgos. En una entrevista reciente, Nina Perales, vicepresidenta de litigios de MALDEF, indicó que desde el principio han tenido que luchar para obtener información que permita monitorear el cumplimiento, agregando que, durante años, los abogados de MALDEF redactaron una serie de oficios solicitando informes de seguimiento a la oficina del procurador general de Illinois, dependencia encargada de representar al DCFS en los litigios. Sin embargo, la información se recibió incompleta o no fue proporcionada. Según Perales, el último comunicado fue en 2012, cuando dicha oficina indicó que no tenía obligación de proporcionar esos informes, y que MALDEF tendría que descubrir las faltas de cumplimiento del decreto Burgos por su cuenta.

“La agencia cerró la puerta”, agregó. “No darían ninguna información adicional. No cooperarían con nosotros para imponer el cumplimiento”.

La oficina del procurador general no aceptó la caracterización de Perales e indicó que “el decreto de consentimiento instruye a los demandantes a trabajar con el DCFS con el fin de garantizar que el estado cumpla con el decreto; y, que, la oficina del Procurador General seguirá dispuesta a reunirse con los demandantes para ayudarlos a facilitar ese proceso”.

Perales agregó que, desde 2012, los abogados de MALDEF se han reunido con organizaciones comunitarias y otras entidades, con el fin de llevar a cabo una “investigación constante sobre el cumplimiento del decreto Burgos” e investigar estrategias que aseguren que las familias de habla hispana en Illinois sean atendidas. Sin embargo, a diferencia con la época cuando se estableció el decreto Burgos, ahora es más difícil comprobar la discriminación en base a las leyes federales de derechos civiles. En la actualidad, los demandantes deben demostrar la intención de la discriminación, no solo sus efectos. Regresar al juzgado, indicó Perales, podría desbaratar el decreto de consentimiento y socavar sus protecciones.

Perales agregó que “hoy en día el problema es igual de urgente que en los setentas, si no es que más”.


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Una Nueva Generación de Faltas de Cumplimiento del Decreto Burgos

Una generación después de que se presentara la demanda de Burgos, otro padre hispanohablante acudió al juzgado para pelear por sus hijas por haber sido colocadas en un hogar en el cual solo se hablaba inglés.

El DCFS se hizo cargo de la custodia de la hija mayor de José Zapata en 1997, cuando la menor tenía seis meses de edad y después de que la policía en Elgin, suburbio en el lado oeste de Chicago, dijera que habían observado a la madre maltratándola. Zapata y la madre estaban separados en ese entonces, aunque ella estaba embarazada con la segunda hija de ambos.

Eventualmente, las dos niñas fueron colocadas en el hogar de crianza temporal de una pareja de habla inglesa. Zapata no hablaba inglés ni tenía abogado (no se le asignaría uno sino hasta el año siguiente), pero comenzó su trayectoria para obtener la custodia de sus hijas.

El lenguaje complicó su esfuerzo desde el principio. El DCFS también tardó un año en asignarle un administrador de caso bilingüe, y no siempre le proporcionaron intérpretes. Una evaluación psicológica indicó que Zapata carecía de la capacidad intelectual para cuidar a las niñas. La evaluación fue administrada en inglés. Los expedientes del juzgado muestran que cuando se le volvió a administrar la prueba en español, sus calificaciones mejoraron.

El estatus migratorio de Zapata, como inmigrante indocumentado, también contó en su contra. En las audiencias del juzgado, tanto el administrador del caso como una abogada contratada por los padres de crianza, dijeron que eso demostraba su “falta de consideración” por la ley.

En lo que procedía el caso, Zapata se casó con otra mujer y tuvo un hijo. Sin embargo mencionó que pasó tanto tiempo manejando a las visitas, terapias, clases de padres, consejería sobre drogas y otros requisitos, que era imposible mantener a su familia. “Me mantuvieron ocupado todo el día durante años”, comentó Zapata, quien trabajó los fines de semana y por las noches en la tienda de abarrotes de su tía.

Sus familiares le daban dinero para alimentos, fórmula y pañales y sus suegros se mudaron con ellos para ayudar a cubrir las cuentas.

Las actas del caso indican que la relación entre Zapata y la familia de crianza temporal se fue deteriorando durante ese tiempo. Los padres de crianza temporal bautizaron a sus hijas en su iglesia Protestante sin informárselo. Si llegaba minutos tarde a la terapia de su hija menor, la cual ocurría a dos horas de distancia en casa de los padres de crianza temporal, no lo dejaban entrar.

(Archivo del Chicago Tribune a través de Newspapers.com )

Los padres de crianza temporal dijeron que dudaban que Zapata fuera capaz de cuidar a las niñas. “Aceptaríamos que las niñas regresaran con su padre si se nos proporciona evidencia objetiva de que realmente velaría por ellas como padre”, escribieron. “Hemos llegado a quererlas en estos dos años y solo queremos asegurar que tendrán la oportunidad de crecer para convertirse en miembros bellos y productivos de nuestra sociedad”.

El caso dio un giro a favor de Zapata cuando, después de dos años, pidió ayuda del Consulado de México en Chicago. Salvador Cicero, abogado en esa dependencia en aquel entonces, recuerda la imagen derrotada que presentó Zapata cuando se conocieron. “Todos me dicen que tengo que firmar para renunciar a mis hijas”, le dijo a Cicero.

El Consulado lo ayudó a encontrar abogados, a captar la atención de periodistas en ambos lados de la frontera, y a entablar una relación con la dirección del DCFS. Eventualmente, los funcionarios de la agencia llevaron a cabo su propia investigación y encontraron que se habían violado los derechos de Zapata relativos al decreto Burgos.

Como resultado del caso, el DCFS y el Consulado de México firmaron un acuerdo, en 2001, con el cual se exige que la agencia informe a padres mexicanos, que tienen derecho a pedir que el consulado sea notificado si sus hijos son colocados bajo custodia de la misma.

Finalmente, Zapata recuperó a sus hijas en 2004, casi seis años después de que ellas habían quedado bajo custodia, pero nadie sabía cómo se adaptarían, ya que no sabían hablar español.

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Avances y Retrasos

Aunque su sueldo se veía disminuido, Matías salía de trabajar temprano y llegaba tarde varias veces por semana, para acudir a visitas, terapias, clases y pruebas aleatorias de detección de drogas; todo en su cruzada por recuperar la custodia de su hijo.

La administradora de su caso le recordaba que necesitaría comprobar su “capacidad económica” para satisfacer las necesidades del niño. Firmó un contrato de arrendamiento para un departamento de dos recámaras, con el entendido de que el DCFS le ayudaría a cubrir el depósito; aunque no obtuvo la ayuda porque no fue inminente que su hijo regresaría a su hogar.

Cuando le aprobaron visitas no supervisadas, Matías sufrió una gran vergüenza de que estas se llevaran a cabo en su apartamento carente de muebles. Entonces obtuvo permiso para reunirse con su hijo en casa de unos tíos que vivían cerca.

El expediente indica que en el otoño de 2015, cuando el niño tenía un año, el personal de Children’s Home & Aid visitó el departamento y habló con la tía. Sin embargo, no es claro si ella, o algún otro familiar de Matías, fueron tomados en cuenta como familias de crianza temporal posibles. Típicamente, el DCFS fomenta que un menor sea colocado con familiares antes que desconocidos. Los archivos de la agencia indican que no había familiares que “pudieran cuidarlo”.

Matías dijo que sugirió a sus tíos y a otra pareja de familiares. Ambas familias informaron a ProPublica Illinois que ellos habrían acogido gustosos al hijo de su sobrino. Ese arreglo habría hecho que fuera “más fácil mantenerme conectado con mi hijo”, agregó Matías. Y habría crecido con ellos hablando español.

Los apuntes del caso indican que, a fines de 2015, la administradora del caso de Matías le informó que era tiempo de comenzar las visitas en las que el niño podría quedarse a dormir con él. Cuando expresó su ansiedad por hacerse responsable por su hijo toda la noche, los Palenik lo invitaron a quedarse a dormir en su casa para que aprendiera la rutina del niño.

Luego la administradora del caso descubrió que Matías estaba saliendo con la madre del menor y el avance que había logrado para recuperarlo paró totalmente. La administradora del caso se inquietó acerca de su capacidad para proteger al niño frente a la drogadicción de Penar, ya que, cuando recaía, la madre desaparecía por meses a la vez.

Matías, que nunca ha sido acusado de abuso o negligencia, dijo que había tratado de romper sus lazos con ella. Había cambiado su número de celular y salía con otra mujer. Pero dijo que le fue difícil negarse cuando Penar le pedía dinero para metadona, o que la llevara a visitar a sus dos hijas de relaciones previas, quienes vivían con familiares en los suburbios. Incluso hoy en día, con todo lo sucedido, Matías dice que la sigue amando.

Poco después de saberse que salía con Penar, Matías pidió una nueva administradora de caso que hablara español. La agencia accedió. Matías dijo que la administradora de caso original parecía no entender su acento en inglés y que a menudo le pedía que repitiera lo que decía. Aun con todos los cursos que tomó, Matías no lograba expresarse en inglés como él quería. Agregó también que no pensaba que su administradora de caso tomaba sus inquietudes en serio.


No ha quedado claro por qué la solicitud de Matías no activó las protecciones del decreto Burgos, o si Children’s Home & Aid o el DCFS consideraron transferir a su hijo a un hogar de crianza temporal donde se hablara español.

Los Palenik se encariñaron con el niño conforme pasaba el tiempo, y él se apegó a ellos. Los Palenik viven en una casa de ladrillo de un piso en una calle suburbana arbolada en el sudoeste de la ciudad. Varios de sus vecinos también son inmigrantes de Europa Oriental, y sus hijos han crecido juntos hablando eslovaco y polaco.

Dos vecinos describieron a los Palenik como padres buenos y comentaron que los han visto enseñándole al niño a andar en bicicleta y llevándolo al parque del vecindario. Los archivos muestran que los Palenik llevaron al niño a su tierra natal a visitar familiares en el norte de Eslovaquia, cerca de la frontera con Polonia.

El DCFS aprobó que el niño pasara la noche con su padre poco después de haber cumplido dos años, pero el chico lloraba cuando Matías pasaba por él. Su padre llamó a la nueva administradora del caso para decirle que pensaba que le desagradaba a su hijo.

Los Palenik también se quejaron de cambios en la conducta del menor. “Tenemos que levantarnos varias veces durante la noche para calmarlo y reconfortarlo”, escribieron en un mensaje de correo electrónico de diciembre de 2016 que aparece en el archivo del caso. “Va empeorando paulatinamente y nos preocupa lo que podría suceder más adelante”.

La agencia paró las visitas de noche con su padre y Jana Palenik informó que el comportamiento del niño mejoró.

Después de eso, Children’s Home & Aid envió a Matías a psicoterapia de padres con hijos diseñada para ayudarlo forjar su relación con su hijo. Pero Jana Palenik también acudía a las mismas sesiones. La terapeuta anotó que eso era necesario porque el niño hablaba eslovaco en mayor parte.


No existe indicio de que alguien de Children’s Home & Aid ni del DCFS, haya considerado que los retos para que se forjaran los lazos entre padre e hijo se debieron a que no podían hablar el mismo idioma.

El caso llegó a un punto crítico en septiembre de 2017. Penar tuvo otro bebé de Matías, una niña. La bebé también nació con heroína en su organismo y fue colocada con los Palenik. Los apuntes del expediente indican que ellos comenzaron a indagar acerca de la adopción, mencionando que su confianza en Matías “se había roto completamente debido a que él había mentido acerca de su relación con Heather”.

A principios de 2018, la agencia recomendó privar a Matías de su patria potestad y otorgarle la tutela a los Palenik. Los trabajadores sociales citaron el contacto continuo entre Matías y Penar, y su ineptitud para vincularse con su hijo aun con las intervenciones.

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Vidas en Juego

El DCFS tiene el cargo de proteger a los niños bajo su cuidado. Sin embargo, y según los archivos, las deficiencias de la agencia al atender a familias de habla hispana han contribuido a que no se investigaran casos en los que niños acabaron lastimados o hasta muertos.

ProPublica Illinois revisó informes anuales de la oficina del inspector general de la agencia, desde el 2005, en los cuales se examinan las muertes de menores y otros casos importantes de abuso o negligencia en los que las familias tuvieron contacto con DCFS durante el periodo previo de doce meses. La evaluación encontró más de media docena de casos en los cuales las barreras del idioma ocasionaron una investigación defectuosa. Los casos incluyeron por lo menos tres que acabaron con la muerte de un menor.

Uno de estos fue el de un niño de seis meses que murió en una casa móvil incendiada en 2005, en el oeste de Illinois. Un investigador del DCFS había visitado el hogar con un intérprete, notando que había calentadores portátiles potencialmente peligrosos. Dicho investigador luego dependió de la opinión del intérprete, quien dijo que los calentadores individuales no eran peligrosos. El padre comentó después al diario Belleville News-Democrat que nadie le advirtió a la familia acerca del riesgo.

“Nos hubiéramos deshecho de ellos si nos hubieran dicho que eran malos”, dijo.

La inspectora general reaccionó con la recomendación de que el DCFS contratara a un trabajador social que hablara español para la región de los alrededores de Belleville. El DCFS aceptó diciendo, en ese entonces, que trataba activamente de contratar personal de habla hispana para cada región.

En otro caso de 2004, un empleado del DCFS que no hablaba español, dependió de varios intérpretes, y hasta de familiares de los interesados, cuando investigó el abuso de un niño de ocho meses en Aurora, Illinois, suburbio al oeste de Chicago con una alta población latina. El DCFS cerró la investigación del caso, pero el bebé murió pocos días después de haber sido sacudido. El padre fue condenado de asesinato. La oficina de la inspectora general informó al DCFS que necesitaba más trabajadores bilingües en áreas con poblaciones crecientes de habla hispana.

En otro caso más, de 2010, no hubo operadoras de habla hispana en la línea de ayuda para atender una llamada con la cual se reportó la sospecha de abuso de una niña de un año. Para cuando por fin atendieron a la persona que llamó, un par de días después, y un investigador indagó al respecto, aún más tarde, los moretones ya habían desaparecido.

La niña murió en unos días por sofoco y traumatismo contuso. La madre fue luego condenada por maltrato grave de un menor. En 2012, cuando se publicó el informe de la inspectora general relativo a esta muerte, Rodríguez, coordinadora de la agencia para el decreto Burgos, comenzó a contemplar que se añadiera personal en el centro de llamadas de ayuda. En 2016, el DCFS inauguró un segundo centro de llamadas con más operadoras bilingües y al menos un hispanohablante por turno.

De acuerdo con un memorándum de 2015, Rodríguez también solicitó que se le informaran las muertes de niños latinos con el fin de determinar si las barreras del idioma fueron factores en sus casos. La agencia no proporcionó esos avisos. Strokosch, vocero del DCFS, indicó que Rodríguez podía investigar esos casos sin notificación especial.

“La opinión que tiene Lourdes de necesitar notificación es suya propia. Se investiga cada una de las muertes de menores, relaciónese esta con el decreto Burgos o no”, agregó. “Si el idioma fue barrera en esos casos, esperaríamos verlo en lo encontrado”.


Los archivos muestran que miles de investigaciones anuales del DCFS nombran el español como idioma de preferencia de las familias. Las normas de la agencia requieren que esos casos sean manejados por un investigador bilingüe, y que solo se debe utilizar un intérprete si no hay uno disponible. De acuerdo con esas pautas, es necesario evitar que los familiares sirvan de intérpretes debido a que podrían tener prejuicios.

Sin embargo, un informe de personal redactado en febrero, encontró que el paso de contratar empleados latinos y bilingües no se ha mantenido al ritmo de la creciente población latina en el estado, y el creciente número de investigaciones que requieren el idioma español. De hecho, el DCFS informó el año pasado que tenía menos empleados bilingües que hace una década.

La agencia también se queda corto con respecto a una ley estatal que la obliga a contar con más personal bilingüe en las agencias donde se utiliza la mayoría de los servicios públicos. La ley requiere que el DCFS tenga 194 empleados bilingües de primera línea; el año pasado la agencia informó que tuvo 156.

La falta de empleados bilingües también ha puesto en peligro otras investigaciones. En un caso citado en el informe de la inspectora general del 2011, tres hermanos negaron ser abusados por su madre cuando la tía materna actuó de intérprete. No fue sino hasta que un empleado bilingüe entrevistara a uno de los niños, que el menor admitió que habían sido abusados física y sexualmente. De acuerdo con el informe de la inspectora general, el menor dijo que se había sentido “reticente a hablar del asunto frente a su tía”.

El investigador tampoco tradujo documentos del país de origen de la familia, los cuales traían una evaluación médica indicando que los menores “se encontraban en grave peligro de ser lastimados o matados si permanecían bajo custodia de su madre”. El DCFS suspendió al investigador y al supervisor del caso, indicó el informe de la inspectora general.

Muchos empleados dependen de un servicio de intérpretes telefónicos para obtener interpretación. Los archivos muestran que entre junio de 2017 y mayo de 2018, se hicieron más de dos mil llamadas al servicio de intérpretes telefónicos para solicitar intérpretes al español. La llamada promedio duró quince minutos. Docenas de estas sobrepasaron una hora.

Rodríguez ha documentado problemas importantes con ese servicio. De acuerdo con un memorándum de 2012, los empleados se inquietaban de “poner a los niños en peligro” y “comprometer sus licencias” al utilizarlo. A veces los intérpretes daban un resumen de cinco palabras de conversaciones de diez minutos. Los padres dijeron que no siempre entendían lo interpretado.

El DCFS no intentó hacer cambios para responder a las inquietudes de Rodríguez. Strokosch indicó que no puede dar comentarios acerca de la calidad de la interpretación de ese entonces (2012), y añadió que la agencia confía en el servicio de intérpretes telefónicos actualmente.

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Un Arresto

El 14 de agosto de 2018, Matías se despertó antes del amanecer, nervioso y entusiasmado y, por primera vez en años, esperanzado. Tenía programada una reunión con una nueva administradora de caso, en esta ocasión, alguien que trabajaba directamente con el DCFS.

Cinco meses antes, la abogada asignada a su caso caso había presentado una queja ante la inspectora general de la agencia alegando que los empleados de Children’s Home & Aid habían hostigado a Matías, además de hacer comentarios insultantes acerca de los inmigrantes indocumentados y rehusarse a hablar con él acerca de su caso en presencia de su abogada.

La inspectora general abrió una investigación y, en julio del año pasado, emitió un informe interino indicando prejuicios serios en contra de Matías, así como retrasos innecesarios para encontrar un hogar permanente para sus hijos. Asimismo recomendó que DCFS llevara a cabo su propia evaluación y decidiera si habría que sacar a Children’s Home & Aid del caso. El DCFS comenzó a hacerse cargo del mismo y abrió una investigación interna para determinar si se habían violado los derechos de Matías relativos al decreto Burgos.

Ese día en agosto, cuando Matías se dirigía a las oficinas del DCFS para reunirse por primera vez con su nueva administradora de caso, solo pensaba en hacer una buena impresión. Sin embargo, un carro policial sin distintivos y con luces destellantes le ordenó que se detuviera. Eran oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.

El agente buscó información con sus huellas digitales y descubrió una orden de deportación emitida cuando Matías no se presentó a la audiencia de inmigración que fue programada cuando había cruzado la frontera hacía más de diez años. Una vocera de ICE informó que los agentes se encontraban afuera de su edificio de departamentos para buscar a otra persona; su objetivo no era Matías, quien no tenía antecedentes penales.

En comparación con el ambiente político de hace dos décadas cuando las autoridades sobrepasaron la calidad migratoria de Zapata, con la administración de Trump, casi cualquier persona indocumentada es ahora prioridad para deportación sin que importen sus antecedentes penales o sus lazos familiares. En noviembre, tres meses después de ser arrestado, Matías fue deportado a Guatemala.

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El Dilema Fundamental

En febrero, la Inspectora General Suplente del DCFS, Meryl Paniak, dictó un informe indicando que los derechos paternos de Matías fueron violados. La funcionaria mencionó que su caso era quizás peor que el de la familia Burgos.

El informe confidencial enfatizó que el decreto de consentimiento “no es solo una formalidad” sino “una expresión de la necesidad de respetar los lazos con las familias de origen para facilitar el regreso al hogar”. Paniak escribió que “colocar a cualquier menor desde su nacimiento, en un hogar donde no se le enseñe un idioma con el cual pueda comunicarse con su familia de origen, infringe el precepto básico del bienestar infantil”.

La Inspectora General encontró que la manera en que Children’s Home & Aid indagó con Matías si prefería servicios en inglés o en español, lo alentó a renunciar a sus derechos relativos al decreto Burgos. El informe resaltó que la primera vez que Matías había pedido servicios en español fue para el niño nacido en 2013, antes de enterarse de que él no era el padre. “No había razón para preguntárselo de nuevo”, indicó Paniak.

El informe reveló que Children’s Home & Aid determinó que Matías no era un padre apto basándose en suposiciones no respaldadas, lo cual incluyó describirlo como persona “con enfermedades o impedimentos mentales” por no hacer suficientes avances para recuperar a sus hijos.

La Inspectora General también encontró que Children’s Home & Aid llevó a cabo pruebas de detección de drogas en forma excesiva y sin causa. Matías nunca fue sospechado en cuanto al uso de las drogas y los expedientes muestran que nunca tuvo un análisis positivo.

La Inspectora General recomendó que Children’s Home & Aid reembolsara al DCFS por el costo de las pruebas de detección de drogas, además de presentar un plan para abordar el “patrón de toma de decisiones basadas en prejuicios que prevaleció en este caso”.

El DCFS dijo que aceptó las recomendaciones. Un funcionario de Children’s Home & Aid indicó que la organización respondió al informe y presentó una propuesta para un plan, pero que no darían más comentarios.

En su informe, la Inspectora General destaca el dilema para decidir lo mejor para los hijos de Matías: “Después de cuatro años con una familia de crianza temporal y debido a que [su hija] también fue colocada con los Palenik, en estos momentos no es claro lo que sería más conveniente para los intereses de los niños”, redactó. “Sería difícil sacar a [su hijo] del único hogar que ha conocido desde nacimiento y también hay interés por mantener a los hermanos juntos”.


La historia ofrece versiones dramáticamente distintas de lo que puede suceder.

Olga y Henry Burgos no pudieron establecer lazos íntimos con sus padres después de reunificarse, informó la familia posteriormente. En una serie reciente de mensajes de texto, Olga Burgos indicó que los años que vivió con sus padres después de que los recuperaran, fueron como “vivir en un país extranjero”. Tuvo incluso que depender de sus hermanos mayores para que le interpretaran.

“Era muy difícil porque necesitaba que alguien en la casa me dijera lo que mis padres me comunicaban y no siempre estaban mis hermanos”, agregó.

La enviaron a Puerto Rico por varios años a vivir con su abuela y aprender español. En Puerto Rico la atrasaron en la escuela, colocándola en un salón de tercer grado aunque ella ya iba en quinto de primaria en Chicago. “Imagínese a una niña de once años en [tercer] grado”, escribió. “Era una niña perdida”.

Regresó a Chicago al terminar la preparatoria y trabajó como camarera. De acuerdo con un artículo publicado en 2007 por el Chicago Tribune, a menudo pensaba en sus padres de crianza y, años después, se mudó a Arizona para estar con ellos. Según otro artículo previo del Tribune, Henry se fugó de casa repetidamente y nunca aprendió español.

En comparación, Zapata aún vive la alegría de tener a sus hijas nuevamente. Ellas tienen ahora 21 y 22 años y viven en casa. Una trabaja como asistente dental y la otra ayuda en la tienda de abarrotes de su familia mientras hace una pausa en sus estudios universitarios. Informaron a través de su padre que no deseaban ser entrevistadas.

Zapata lloró cuando describió los meses después de que ganó la custodia. Las niñas se rehusaban a separarse y dormían en la misma cama. Tenían pesadillas. Zapata las revisaba dos o tres veces todas las noches durante ese primer año.


“Mis niñas tenían ciertas preocupaciones. Preguntaron que cómo era posible que haya sucedido lo que les pasó, recordó Zapata.

Él había aprendido suficiente inglés para comunicarse con ellas cuando regresaran a casa, pero quería que también aprendieran español. Durante varios meses las llevó a tomar clases del idioma los sábados por la mañana.

Las volvieron a bautizar, esta vez en la Iglesia Católica. Hicieron su primera comunión y celebraron sus quince años con una fiesta tradicional de quinceañera. Sus hijas visitan a sus abuelos en México cada verano.

Con orgullo en la voz, Zapata señala que “hablan como mexicanas”.

Aun así, el dolor de volver a vivenciar lo sucedido ha prevenido que Zapata se siente con ellas para hablar del caso. Dice que planea tener esa conversación algún día y tiene una caja con los documentos para cuando se presente la ocasión.

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Amor, a Distancia

En febrero, Penar tuvo el tercer bebé de Matías, otra niña. DCFS nuevamente se hizo cargo de la custodia.

En entrevistas de febrero y marzo, Penar dijo que tenía meses sin tomar drogas. Ella se culpa a sí misma por lo que le ha sucedido a su familia. “Yo siempre confié en que me compondría eventualmente y sería la madre que quería ser”, mencionó.

Matías sigue en Guatemala, en la casa de dos pisos construida con las remesas que envió durante años. Hace trabajos de construcción de vez en cuando, o maneja como chofer, pero no ha podido encontrar un ingreso fijo. Extraña su vida anterior, su vecindario y hasta la nieve. Más que nada, extraña a sus hijos.


Dijo que ha pensado en regresar a los Estados Unidos ilegalmente, pero que no lo haría. Podría acabar en prisión. También se pregunta si alguien involucrado en el caso de sus hijos lo reportó con las autoridades migratorias el pasado agosto. Si eso sucedió, podría volver a suceder.

Se espera que una jueza del Juzgado de lo Juvenil del Condado de Cook dicte en qué lugar deberán vivir sus hijos. Matías los quiere con él en Guatemala.

Si sus hijos no pueden estar con él, agregó que entonces quisiera que vivan con sus familiares en Chicago, no con los Palenik. “Tal vez ellos fueron víctimas también”, dijo acerca de los Palenik. “Pero ahora ellos quieren quedarse con mis niños”. Teme que si permanecen con esa familia tendrán una crisis de identidad más tarde en la vida. “Quiero que conozcan sus raíces y a su familia”, agregó.


Por ahora los dos mayores siguen con los Palenik. Tras la detención de Matías, el DCFS los alentó a que expusieran a los niños a caricaturas y música en español. El niño comenzó a ir a la escuela en septiembre.

Una vecina polaca, cuya hija ha crecido al mismo tiempo que el hijo de Matías, dijo que el niño “habla eslovaco y algo de polaco, y está aprendiendo inglés”. Los Palenik le han dicho que quieren adoptar a los niños. “Los quieren como si fueran suyos”, mencionó. “Harían cualquier cosa por ellos”.

En febrero, Jana Palenik inició una recaudación de fondos en línea para cubrir los gastos legales relacionados con el caso.

“Ser madre de crianza temporal viene con todo lo que conlleva la maternidad, además de preocupaciones adicionales por el futuro de los niños”, escribió en la página de GoFundMe que después fue desactivada. “Después de cinco años de ser padres de crianza temporal, mi esposo y yo llegamos al punto en el que es necesario buscar asesoramiento legal con el fin de asegurar que todas las próximas decisiones del juzgado se tomen a conveniencia de los intereses de los niños. Aunque pedimos donaciones para sufragar los costos legales, también pido oraciones para que nuestros chicos tengan un futuro feliz y seguro”.

La niña menor de Matías vive con sus tíos, Gloria Arellano y Freddy Pérez, quienes se han enamorado de la recién nacida. Arellano dejó su trabajo y dedica sus días llevando a la bebé a consultas médicas, juntas con el DCFS y paseos en la carriola. La niña, que tiene los ojos amplios como su padre, ya aprende a sonreír mientras que le sale su primer diente. Afuera de las audiencias del juzgado, los abogados, administradores de caso y Jana Palenik a menudo se turnan para cargarla y hacerla reír.

Arellano y Pérez son lo que conecta a Matías con la hija que aún no conoce en persona. Casi todas las mañanas les envía un mensaje por Facebook para preguntar por su “princesa”. Arellano le envía fotos y videos de la niña, casi siempre vestida de rosa con un moño floreado en la cabeza.


Tienen sentimientos encontrados de lo que sería mejor para los hijos de su sobrino. Piensan que los hermanos deberían crecer juntos y actualmente remodelan el segundo piso de su casa en caso de que los demás son entregados a ellos. En la fiesta de cinco años del niño, celebrada este mes en la casa de los Palenik, lo vieron abrazar a la bebé y llamarla su hermana. En su propia casa, Arellano le muestra a la bebé videos en su teléfono de sus hermanos.

“En el fondo de mi corazón, yo sé que aquí todo fue una sopa de fideos. Se violaron los derechos de Jorge”, agregó Arellano. “Y ahora el DCFS quiere hacer su trabajo, pero llegaron muy tarde”.

Ella y su esposo han visto la relación cercana que tienen los niños mayores con los padres de crianza. Hace poco los vieron por casualidad cuando estaban de compras en una Walmart. Observaron a los niños con los Palenik en la tienda desde otro pasillo. Jana Palenik brillaba de felicidad alborotada con la niña de casi dos años en sus brazos. Su esposo levantó al niño al aire, y lo volvió a poner en el piso. El pequeño caminaba sonriente al lado de sus padres de crianza.

Se veían como una familia.

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Melissa Sánchez es reportera de ProPublica Illinois, dedicada a informar sobre temas que afectan a familias inmigrantes en ese estado. Puede enviarle información y documentos aquí: melissa.sanchez@propublica.org

Duaa Eldeib es reportera de ProPublica Illinois, dedicada actualmente a investigar temas relacionados con la justicia juvenil y el bienestar infantil en ese estado. Puede enviarle información y documentos aquí: duaa.eldeib@propublica.org

Ilustraciones por Lydia Fu para ProPublica Illinois.

Diseño y producción de Vignesh Ramachandran y Agnes Chang.

Traducción de Mati Vargas-Gibson; revisión en español de Deya Jorda-Nolan.

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