Cualquier ajuste de estatus por parte de un inmigrante dependerá de su estabilidad laboral y económica, demostrando que no será una “carga” para el gobierno. “Las personas que serán más impactadas son las más vulnerables, tal vez las que tienen alguna discapacidad, mayores de edad, niños, quienes al solicitar la residencia deberán comprobar que van a tener ingresos y trabajo, entre otros”, asegura la abogada Mony Ruiz-Velasco.