La pregunta siempre es la misma. Cuando eres indocumentado, ¿eres delincuente? Legalmente, la respuesta es una línea recta: carecer de un estatus migratorio regularizado es una falta administrativa civil, no un delito penal. Ser indocumentado no es ser un delincuente. Pero en el asfalto caliente de las autopistas, en la penumbra de las celdas de aislamiento y bajo la retórica de la actual administración en Washington, esa distinción técnica se ha disuelto por completo.
Los 18 mexicanos que han muerto bajo custodia de ICE o tratando de huir de ellos
Todos eran mexicanos, todos estaban en Estados Unidos buscando la vida que no pudieron tener en México y todos murieron bajo custodia de las autoridades migratorias. Eran 17 vidas que, entre muchas otras, han marcado la política migratoria del presidente Trump
Video Hijos de Lorenzo Salgado exigen justicia tras muerte por ICE
En la práctica, la diferencia entre un criminal peligroso y un obrero de la construcción con las manos gastadas por el trabajo se mide hoy por el calibre de las armas federales y el silencio de los centros de detención, o al menos así se ha visto en los últimos meses.
La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un albañil de 52 años que llevaba más de tres décadas construyendo los suburbios de Houston y criando a tres hijos estadounidenses, ha puesto rostro a una estadística. El pasado 7 de julio de 2026, Salgado se convirtió en la víctima número 17 de una lista negra: ciudadanos mexicanos que entraron a Estados Unidos buscando la vida que no encontraron en su país y terminaron muertos bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas o intentando huir de ello.
La versión oficial de las autoridades estadounidenses repite un texto conocido: que Salgado intentó evadir el arresto, que golpeó un vehículo oficial y que intentó atropellar a un agente que disparó "en defensa propia". Su familia, rota por el duelo, sostiene una verdad muy distinta. Lorenzo no tenía antecedentes penales, iba camino a su trabajo y probablemente ni siquiera supo que los hombres armados que lo cercaban eran agentes federales.
Este último episodio ha llegado y ha tocado las puertas del Palacio Nacional en la Ciudad de México. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado denuncias formales ante distintas fiscalías de Estados Unidos, exigiendo investigaciones independientes. Los casos abarcan desde tiroteos en la vía pública hasta presuntos suicidios en celdas de Georgia, Florida y Missouri. Detrás de cada uno de los 17 expedientes que hoy confrontan al gobierno de México, hay una vida truncada.
Para los migrantes de edad avanzada o con padecimientos crónicos, los centros de detención privados que subcontrata ICE se han transformado en antesalas de la morgue. Abelardo Avellaneda Delgado, de 68 años, pasó casi medio siglo entrando y saliendo de la clandestinidad. Moriría el 5 de mayo de 2025 por "complicaciones médicas" mientras un autobús lo trasladaba entre dos prisiones de Georgia. ICE justificó su historial mencionando detenciones que se remontaban a 1979. Para la agencia, era un infractor recurrente; para quienes lo conocieron, un anciano que se aferró a la tierra donde pasó su juventud.
Meses después, el 8 de septiembre de 2025, Óscar Rascón Duarte, de 58 años, exhaló su último aliento en un hospital de Arizona. Su cuerpo estaba devastado por un cáncer de riñón, hepatitis C y un Alzheimer en etapa avanzada que borró sus recuerdos mucho antes de que ICE reactivara los procesos de expulsión en su contra tras cumplir una larga condena penal.
A otros su salud se les desplomó en cuestión de horas tras las rejas. Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, falleció por crisis respiratorias tras contraer covid-19 en confinamiento, agravado por su diabetes.
El caso de Ismael Ayala Uribe, de 39 años, encendió las alarmas de las organizaciones civiles en California. Ayala había sido un dreamer, beneficiario del programa DACA de la era Obama que protegía a quienes llegaron siendo niños. Tras perder esa protección, acabó en el Centro Médico Global Victor Valley por una infección menor en el glúteo. Doce horas después de programarse su cirugía, el personal del hospital lo encontró inconsciente. Su familia aún exige saber cómo un absceso tratable terminó en un paro cardiaco fulminante la madrugada del 22 de septiembre de 2025.
Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, murió el 27 de febrero de 2026 en un hospital de California. En enero de este año fue detenido en una redada migratoria en el barrio de Echo Park en Los Ángeles e ingresado al centro de detención de Adelanto. La agencia informó que una noche presentó un fuerte dolor en el pecho y dificultades respiratorias, fue trasladado a un hospital de la zona y murió. Hasta el momento se desconocen los detalles precisos de su condición y muerte. Su esposa Patricia Martínez ha denunciado que Alberto Gutiérrez padecía diabetes y que las condiciones en las que se encontraba detenido estaban deteriorando gravemente su salud.
El suicidio y las incógnitas
El encierro prolongado y la falta de atención psicológica adecuada parecen haber empujado a varios de estos hombres al suicidio, según los reportes oficiales de ICE, que las familias miran con profunda desconfianza.
En un lapso de menos de un año, cuatro mexicanos fueron hallados colgados o inconscientes en sus celdas. Jesús Molina Veya (45 años) en Georgia; Leo Cruz Silva (34 años) en Missouri, detenido tras pasar un solo día arrestado por intoxicación pública; Heber Sanchaz Domínguez (34 años), quien apenas llevaba poco más de dos años en el país tras migrar en 2023; y el más joven de la lista, Royer Pérez Jiménez, un muchacho de tan solo 19 años que apareció sin vida en una litera del Centro de Detención del condado de Glades, en Florida, el 16 de marzo de 2026.
A ellos se suman los silencios administrativos. Nombres como Gabriel García Avilés (56), fallecido por un aparente síndrome de abstinencia alcohólica; José Guadalupe Ramos Solano (36), cuya causa de muerte en Adelanto, California, sigue bajo la etiqueta de "sin determinar"; y los recientes fallecimientos de Alejandro Cabrera Clemente (49) en Louisiana y Félix Alcorta Rodríguez (63) en Texas, cuyas autopsias siguen pendientes en los escritorios burocráticos.
Los operativos en las calles
La agresividad de las operaciones en el terreno ha dejado también escenas de violencia explícita. Jaime Alanís García, de 57 años, se convirtió en julio de 2025 en la primera víctima mortal de la estrategia migratoria de la Casa Blanca. Durante una redada masiva en un invernadero de California, el pánico lo llevó a subir a un techo; la caída le fracturó el cuello. Dos meses después, en Chicago, Silverio Villegas González, de 38 años, moría tiroteado por un agente dentro de su propio vehículo.
Quizás la historia que mejor condensa la paradoja de estas tragedias es la de Miguel Ángel García Hernández, un joven de 31 años arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. El 24 de septiembre de 2025, el mismo día en que pasó a custodia federal, se desató un tiroteo en una instalación migratoria de Dallas. De acuerdo con los abogados de su viuda, Miguel Ángel usó su propio cuerpo como escudo humano para salvar la vida de otro detenido. Murió seis días después en el hospital.
Las 17 muertes representan una fractura humana que la versión oficial difícilmente puede sanar. Al terminar la semana, las 17 muertes ya no eran 17, sino 18, pues el martes 14 de junio, un mexicano que aún no ha sido plenamente identificado y del que solo se sabe que tiene 28 años murió al ser arrollado por un camión mientras intentaba huir de ICE en una carretera de Florida.
Mientras Washington endurece las calles y los centros de internamiento bajo la premisa de la seguridad nacional, 17 familias entierran a sus muertos. La batalla jurídica de México en las fiscalías estadounidenses apenas comienza, pero para Lorenzo, Ismael, Miguel Ángel y los otros catorce, la justicia llegará tarde o probablemente nunca se cruzarán con ella.