Funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) han confirmado en un comunicado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó una norma de la era Biden de 2022 que restringía que los agentes pudieran comprobar la llamada "carga pública" de largo recorrido. Se trata de una herramienta de evaluación que se utiliza para ver qué tanto las personas solicitantes dependen de ayudas públicas.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acaba de confirmar que tendrá en cuenta el uso que hacen los inmigrantes de Medicaid, así como la ayuda de cupones de alimento y de vivienda, en la toma de decisiones sobre si otorgar o no una green card. La medida podría afectar a cientos de miles de personas que la piden cada año
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La medida someterá a cientos de miles de solicitantes de la tarjeta verde a un control más exhaustivo que incluirá comprobar si usaron beneficios de Medicaid (asistencia médica para personas con bajos recursos), cupones de alimentos o incluso ayudas para la vivienda; y podrían tener peso en la decisión de otorgar el estatus legal permanente.
Algunos expertos temen que la medida pueda tener un efecto dominó si las familias inmigrantes evitan la asistencia sanitaria, alimentaria o de vivienda —incluso cuando ellas o sus hijos ciudadanos estadounidenses cumplen los requisitos legales— por temor a que acceder a estos beneficios perjudique sus peticiones de residencia permanente en un futuro.
Una revisión mucho más restrictiva y exhaustiva
La legislación federal de inmigración vigente contempla que el gobierno puede rechazar solicitudes por considerar que la persona pueda ser "una carga" para el estado por el uso que hace o vaya a hacer de ayuda pública.
La normativa de Joe Biden, emitida en 2022, era más restrictiva a la hora de estipular qué podía revisar el DHS.
Con la nueva norma, los funcionarios pueden realizar revisiones caso por caso que tengan en cuenta la edad, la salud, el estado familiar, los bienes, los recursos financieros, la educación, las habilidades del solicitante y si la persona ha recibido prestaciones financiadas por los contribuyentes sujetas a verificación de recursos.
Según funcionarios del USCIS, esos beneficios pueden incluir cupones de alimentos, Medicaid e incluso asistencia para la vivienda.
“La administración Trump defiende el estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que podrían volverse dependientes de los beneficios públicos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) está comprometido con salvaguardar la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses”, declaró Zach Kahler, portavoz del USCIS.
¿A quiénes afecta?
En su propuesta de noviembre de 2025, el DHS estimó que aproximadamente 588,000 solicitantes de ajuste de estatus cada año estarían sujetos a una revisión de carga pública, una cifra que no incluye a todas las personas que solicitan visas en el extranjero o que buscan ser admitidas en la frontera.
En esa misma propuesta, el DHS determinó que los cambios en la política de carga pública podrían generar un "efecto disuasorio", lo que llevaría a cerca de 950,000 personas en hogares inmigrantes a darse de baja o renunciar por completo a los beneficios públicos.
Funcionarios del USCIS informaron a CBS News que los beneficios que reciben los familiares del solicitante no se considerarán propios, aunque los funcionarios podrían tenerlos en cuenta al evaluar su situación financiera. Por ejemplo, estos beneficios podrían influir si sugieren que el solicitante no puede mantener económicamente a su familia o si le están ayudando a mantenerse.
¿Cuándo entrará en vigor la nueva norma?
El USCIS confirmó que la norma entrará en vigor el próximo 18 de septiembre; con un margen de tiempo para actualizar los formularios, las directrices y los procedimientos internos.
Para las solicitudes presentadas antes de que la norma entre en vigor, los funcionarios del USCIS afirman que solo evaluarán los beneficios públicos sujetos a verificación de recursos recibidos a partir de esa fecha. Es decir, los beneficios recibidos antes de la entrada en vigor del programa solo se considerarán si incluían asistencia económica pública para el mantenimiento de ingresos o la institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno.
Y aquí hay un punto importante a tener en cuenta. El USCIS publicará una versión revisada del Formulario I-485, Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar el Estatus y advierten en el comunicado: "No se aceptarán las versiones anteriores del Formulario I-485 con matasellos o enviadas electrónicamente a partir de la fecha de entrada en vigor".
La cruzada de Trump contra los solicitantes con recursos limitados
A esta polémica reestructuración en la evaluación de green card se suma que la administración Trump está considerando imponer una fianza de 100,000 dólares a quienes soliciten la tarjeta de residencia permanente en los consulados estadounidenses en el extranjero.
Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, el Departamento de Estado está desarrollando este plan como parte de los esfuerzos de la administración Trump para limitar la inmigración a extranjeros con requisitos limitados y garantizar que aquellos a quienes se les conceda permiso para establecerse en Estados Unidos sean financieramente autosuficientes.
El plan estaría aún en fase de desarrollo y estarían considerando implementar en periodo de prueba la nueva política en varios países para evaluar su viabilidad antes de extenderla definitivamente.