La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EIRO), que regula las cortes de inmigración, ha propuesto una normativa que permitiría a los jueces, por primera vez, imponer multas de entre 1,000 y 3,500 dólares si un abogado u otra persona persiste en desobedecer las órdenes del tribunal.
El Departamento de Justicia propone posibilitar a los jueces de inmigración imponer multas de hasta $3,500
Si la norma se aprueba, los jueces de inmigración podrían imponer sanciones civiles por desacato a los inmigrantes, sus abogados o testigos que incumplan con las órdenes judiciales; pero no a los abogados de ICE, lo que ha provocado duras críticas.
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No obstante, la regla, publicada en el Registro Federal, no permite a los jueces sancionar a los abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que ha generado duras críticas por parte de expertos legales.
En ese sentido, Gregory Chen, el director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), dijo a CBS que la norma, “totalmente sesgada”, es un nuevo intento de atacar a los abogados de inmigración, “en consonancia con las tácticas de intimidación del presidente”.
Los tribunales de inmigración en EEUU han enfrentado críticas, ya que están bajo la rama del Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que permitiría al Departamento de Justicia hacer cambios a su discreción.
La propuesta entró en un plazo de 60 días para recibir las opiniones del público.
La iniciativa ha sido interpretada por expertos como un intento más de imponer sanciones económicas contra los inmigrantes. Más de 100,000 extranjeros han recibido cartas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informándoles que adeudan 998 dólares por cada día que han permanecido en Estados Unidos después de que un juez de inmigración ordenara su salida, según datos citados por The New York Times.
Las sanciones han alcanzado cifras de más de 1.8 millones de dólares, la multa impuesta a una mexicana, madre de tres estadounidenses, que supuestamente debería haber abandonado el territorio desde 2013.
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