La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de El Salvador que proteja a tres salvadoreños deportados por Estados Unidos, en una decisión publicada el martes que afirma que los hombres han estado detenidos sin poder comunicarse con sus abogados o familiares desde que llegaron.
CIDH pide a El Salvador que proteja a tres salvadoreños deportados de EEUU que permanecen incomunicados
El gobierno salvadoreño dijo que William Alexander Martínez Ruano, de 21 años, y José Osmín Santos Robles, de 41, están recluidos en una prisión en Santa Ana, y que el tercero, Brandon Bladimir Sigarán Cruz, de 22, está en el Cecot.

La CIDH, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que adoptó su decisión debido al “grave riesgo a sus derechos a la vida y al bienestar personal”. La CIDH solicita estas medidas para evitar daños irreparables.
El gobierno salvadoreño dijo que William Alexander Martínez Ruano, de 21 años, y José Osmín Santos Robles, de 41, están recluidos en una prisión en Santa Ana, y que el tercero, Brandon Bladimir Sigarán Cruz, de 22, a quien señala como miembro activo de la pandilla Mara Salvatrucha, ha estado detenido en la nueva cárcel para pandilleros desde marzo.
Este ha sido un problema generalizado para las casi 90,000 personas arrestadas bajo los poderes de emergencia otorgados a Nayib Bukele en marzo de 2022 para combatir a las poderosas pandillas del país.
Familiares y un abogado presentaron recursos de hábeas corpus en El Salvador en nombre de los hombres, y la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia pidió las medidas de protección a la comisión.
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El Salvador respondió a la CIDH sobre la situación de los hombres, pero la comisión señaló que el gobierno no negó que estuvieran incomunicados pese a la solicitud expresa de que ofreciera información sobre la posibilidad de visitas de familiares y abogados. El país está obligado a seguir las instrucciones de la CIDH y reportar de vuelta, pero El Salvador no mostró intención de ceder ante las exigencias.
La comisión recordó que en septiembre había solicitado medidas de protección para dos abogados salvadoreños, Ruth López y Enrique Anaya, críticos del gobierno que fueron arrestados y mantenidos sin contacto.
La abogada Jayme Magaña, del movimiento Alas por la Libertad, quien no representa a ninguno de los detenidos, dijo que las personas retenidas en El Salvador bajo el actual estado de excepción generalmente no tienen contacto con sus familiares o abogados. “Es algo que la comisión ha estado señalando desde el inicio del estado de excepción”, que comenzó en marzo de 2022, afirmó.
El gobierno de El Salvador dijo a la comisión que debería evitar ser utilizada por personas con historial delictivo.
A principios de este año, la administración de Trump envió a El Salvador a más de 250 hombres venezolanos a los que acusaba de pertenecer a la banda Tren de Aragua, para que fueran encarcelados allí. En julio fueron liberados y enviados a Venezuela a cambio de la liberación de 10 estadounidenses detenidos por ese país.
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