La iniciativa busca que miembros de la comunidad inmigrante tengan un abogado de su parte que puede orientarlos ante cualquier decisión que pueda afectar su estatus. “Sabemos que la representación legal puede hacer la diferencia entre que a una persona se le permita permanecer segura en el país o ser deportada”, asegura el congresista Jesús ‘Chuy’ García.