La alcaldesa ha pedido la eliminación del acceso a las bases de datos de la policía de Chicago por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Además, la mandataria local reiteró que la ciudad no cooperará con las autoridades migratorias y pidió 250,000 dólares para el fondo de protección legal, que provee consultas y educación a miles de indocumentados.