Fiscales señalan que los
acusados operaban una
red ilegal de
almacenamiento y manejo de explosivos durante años en una propiedad del
condado de Yolo, donde el día del siniestro había grandes cantidades de
material altamente peligroso. La investigación vincula a los implicados con prácticas clandestinas y engaños a autoridades, mientras familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia tras la tragedia que dejó
siete muertos.
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