La medida que fue firmada por el gobernador JB Pritzker entró en vigor desde este miércoles y prohíbe a los arrendatarios revelar o amenazar con reportar a las autoridades el estatus migratorio de sus inquilinos, además de negarles la posibilidad de presentar una orden de desalojo contra los ocupantes como represalia por su estado legal. Los afectados pueden demandar.