El objetivo de la ordenanza es proteger a unas 245,000 personas que no tienen seguridad de vivienda y para quienes no aplican las garantías que ofrece Chicago porque viven fuera de la ciudad. “La gente está lidiando con tarifas injustas, entran a sus casas sin notificarles, no los dejan ingresar a sus propios departamentos”, asegura Scott Britton, comisionado del Distrito 14.