Sería parte de la Oficina de Asuntos de Negocios y Protección al Consumidor y garantizaría que se le pague el salario mínimo y tiempo de enfermedad a los trabajadores. También castigaría a empleadores que roben el salario de las personas, sin temor a represalias. El próximo 31 de octubre el concilio municipal llevará la ordenanza a votación y, de ser aprobada, empezaría a operar el 1 de enero de 2019.