El proyecto recibió el aval en Senado y Cámara de Representantes de Illinois y entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Entre los cambios más significativos está el de que se negará la liberación de un detenido previo al juicio si se demuestra que representa una amenaza a la comunidad o la expansión de la lista de crímenes por los que una persona puede permanecer presa antes de ser juzgada.