TAMPA, Florida.- El Departmento de Justicia anunció el restablecimiento de métodos como el pelotón de fusilamiento, la electrocución y la cámara de gas para ejecuciones federales, una decisión que vuelve a poner a Florida en el centro del debate sobre la pena de muerte luego de que en 2025 marcó un récord de aplicación de la pena de muerte a 19 reos y ya suma cinco en el año en curso.
¿Puede Florida fusilar a reos condenados a muerte? Esto dice su ley actual
El gobierno federal amplía los métodos de ejecución, incluyendo el pelotón de fusilamiento. En Florida, una ley vigente abre la puerta a aplicar medidas similares.
El fusilamiento como método de ejecución consiste en que el condenado es inmovilizado, generalmente sujeto a una silla o poste, con una diana colocada sobre el área del corazón. Un grupo de tiradores, por lo común cinco, dispara simultáneamente desde una distancia determinada, siguiendo la orden de un oficial a cargo. En algunos protocolos, uno de los rifles puede contener munición de fogueo para que los participantes no sepan quién realizó el disparo letal. El procedimiento busca provocar la muerte de forma inmediata mediante daño cardíaco o hemorragia masiva.
La medida, impulsada por el presidente Donald Trump desde el inicio de su actual mandato, busca acelerar la aplicación de sentencias capitales y ampliar las opciones ante la escasez de fármacos para la inyección letal.
Aunque se trata de una política federal, el impacto potencial en Florida es inmediato debido a cambios recientes en la legislación estatal. En 2024, el gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 903, que permite utilizar cualquier método de ejecución que no sea declarado inconstitucional, lo que incluye, en la práctica, alternativas como el pelotón de fusilamiento si los métodos actuales enfrentan obstáculos legales o logísticos.
La posibilidad no es solo teórica. Tras el anuncio federal, el jefe de gabinete de DeSantis, Jason Weida, expresó públicamente su respaldo a la medida, lo que ha sido interpretado como una señal de apertura a cambios en el protocolo estatal.
Actualmente, Florida ejecuta a los reos mediante inyección letal, con la silla eléctrica como alternativa.
Florida cuenta actualmente con 246 personas en el corredor de la muerte y lidera el país en exoneraciones, con al menos 30 condenados liberados desde 1976 tras comprobarse errores en sus casos.
Notas Relacionadas
Florida acelera ejecuciones en medio de críticas
El nuevo enfoque federal coincide con un aumento significativo en el ritmo de ejecuciones en Florida. Desde 1976, el estado ha llevado a cabo 130 ejecuciones, pero solo en el último año se registraron 19, la cifra más alta en la era moderna.
Desde que DeSantis intensificó la firma de órdenes de ejecución, se han realizado 24 ejecuciones en poco más de un año.
Este incremento ha generado cuestionamientos sobre los protocolos utilizados. Abogados defensores y organizaciones han denunciado posibles fallas en la aplicación de la inyección letal, incluyendo el uso de sustancias incorrectas o dosis insuficientes, lo que podría violar la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales.
Pese a estas denuncias, la Corte Suprema de Florida ha rechazado solicitudes para divulgar más detalles sobre los procedimientos.
El regreso de métodos como el fusilamiento ocurre en un contexto de caída en el respaldo público a la pena de muerte en Estados Unidos, que se ubica en su nivel más bajo en más de 50 años, con apenas 52% de apoyo en 2025, según Gallup.
Al mismo tiempo, algunos estados han comenzado a considerar alternativas ante la dificultad para obtener los medicamentos necesarios para las ejecuciones.
El pelotón de fusilamiento ya es legal en estados como Idaho, Utah y Carolina del Sur, donde en 2025 se realizó la primera ejecución de este tipo en el país en más de una década.
Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han cuestionado el uso del fusilamiento como método de ejecución en Estados Unidos, señalando que no resuelve los problemas de fondo de la pena de muerte. Amnistía Internacional ha advertido que recurrir a este tipo de métodos es “otro intento de mantener vigente un castigo que debería pertenecer al pasado”, en lugar de avanzar hacia su abolición. La organización sostiene que todas las formas de ejecución, incluido el fusilamiento, constituyen un castigo “cruel, inhumano y degradante” y una violación del derecho a la vida .
En la misma línea, críticos en Estados Unidos, incluidos grupos como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), han calificado el regreso de estos métodos como un retroceso hacia prácticas “arcaicas”, mientras expertos advierten que pueden implicar mayor riesgo de dolor o ejecuciones fallidas en comparación con estándares modernos .

























