Documentos de la
Oficina de Derechos Laborales del Congreso exponen el
gasto de aproximadamente 300,000 dólares de fondos públicos en
acuerdos por acoso sexual. Estos pagos vinculan a
66 antiguos miembros de la Cámara de Representantes o sus despachos con resoluciones de
denuncias laborales. La congresista republicana
Nancy Mace obtuvo esta información mediante una citación oficial, sacando a la luz el uso de recursos contribuyentes para finiquitar demandas internas en el Capitolio.
