ORLANDO, Florida.- La Junta de Comisionados del Condado Orange debate nuevas medidas para limitar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) ante el creciente costo que representa alojar detenidos migratorios en la cárcel local y la posibilidad de que se instale un nuevo centro de detención federal en la zona.
Condado Orange limita espacios en celdas para detenidos de ICE; alegan reembolso federal insuficiente
Comisionados analizan límites a detenidos federales en la cárcel local y estudian acciones legales ante el desfase millonario entre costos reales y pagos federales.
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De acuerdo con un reporte de Central Florida Public Media, el condado recibe actualmente $88 diarios por cada detenido de ICE bajo un acuerdo intergubernamental.
Sin embargo, el costo real de mantener a una persona en la cárcel asciende a aproximadamente $180 por día, según explicó el jefe del Departamento de Correcciones, Louis Quiñones.
El pago se realiza bajo un acuerdo conocido como Acuerdo de Servicios Intergubernamental ( IGSA), mediante el cual ICE compensa al condado por alojar a personas detenidas por motivos migratorios en la cárcel local.
El desfase financiero ocurre en medio de un aumento significativo en las detenciones. En enero se registraron 1,849 ingresos relacionados con ICE, una cifra considerablemente superior a los 550 reportados en octubre pasado, lo que ha incrementado la presión sobre el personal y las instalaciones del sistema carcelario.
Ante este panorama, el alcalde del condado, Jerry Demings, envió una carta a la agencia federal estableciendo que, a partir del 1 de marzo, el condado limitará a 130 el número de detenidos de ICE sin cargos locales activos (66 hombres y 64 mujeres) en la cárcel del condado. Además, notificó que ya no permitirá el “reingreso” de detenidos cada 72 horas, una práctica utilizada para extender el tiempo de custodia.
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Durante la reunión, los comisionados también acordaron consultar con la oficina legal del condado para evaluar posibles acciones judiciales que permitan aclarar el alcance de la obligación de “mejores esfuerzos” establecida por la ley estatal en materia de cooperación con autoridades migratorias.
En el periodo de comentarios públicos, residentes y activistas instaron a la comisión a demandar a ICE y a impedir la detención de inmigrantes, incluyendo personas con estatus legal temporal. Algunos señalaron que el gobierno local no debería asumir costos que consideran responsabilidad federal.
En paralelo, surgió preocupación por la posible conversión de un almacén en Sunbridge Parkway en un centro de detención migratoria. La comisionada Nicole Wilson planteó la idea de una moratoria para frenar ese proyecto, aunque la asesoría legal del condado advirtió que dicha medida podría entrar en conflicto con la legislación estatal vigente.
Hasta el momento, la comisión no ha tomado una decisión final sobre una resolución formal de oposición ni sobre un eventual litigio, pero indicó que continuará evaluando el impacto financiero y legal de su acuerdo con las autoridades federales en las próximas semanas.
