HOUSTON, Texas- La batalla legal por la detención de los tres inmigrantes bajo custodia federal que presenciaron la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de ICE sumó un nuevo capítulo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.
Gobierno federal intentó de último minuto frenar orden de liberación de José Trinidad, testigo de la muerte de Lorenzo Salgado
En un intento por frenar su salida del centro de detención, N+ Univision 45 conoció que el Departamento de Justicia solicitó formalmente suspender la orden judicial que obligaba a liberar en un plazo de 48 horas al inmigrante José Trinidad Rojas Pliego, argumentando que una resolución superior del Quinto Circuito invalida de forma temporal estas excarcelaciones en Texas. Sin embargo, el inmigrante logró quedar en libertad.
Video Autorizan la salida de un testigo de la muerte de Lorenzo Salgado, pero con grillete electrónico
Los abogados que representan al gobierno federal, bajo la firma del fiscal estadounidense Aaron F. Reitz y el fiscal especial asistente Nicholas W. Sabin, presentaron formalmente la petición "Respondent's Motion to Stay" dentro del caso José Trinidad Rojas Pliego contra Markwayne Mullin y otros.
Esta acción legal surge como respuesta directa a la resolución emitida por el tribunal el pasado 27 de julio de 2026, mediante la cual se había concedido el recurso de habeas corpus presentado por Rojas Pliego.
En dicho fallo, el juez ordenó a las autoridades federales la liberación inmediata del demandante en un lapso no mayor a 48 horas. Sin embargo, el gobierno se opone drásticamente a la ejecución de esa medida y exige que la orden quede congelada mientras se procesa la apelación, sin embargo José ya fue liberado.
El antecedente que frena la decisión
La defensa del Estado argumenta que el tribunal local se encuentra atado de manos por el precedente fijado recientemente en el proceso Rodriguez v. Ortega.
En esa causa, el pleno de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito intervino de oficio ( sua sponte) suspendiendo el criterio de un panel de jueces y promulgando una orden publicada que detuvo de forma generalizada las liberaciones ordenadas por jueces de distrito.
Según la argumentación de la fiscalía, al tratarse de una orden dictada y publicada por el Quinto Circuito, tiene un carácter vinculante que la corte de Houston no puede ignorar.
Para blindar esa interpretación, la representación oficial recurre a la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Trump v. Boyle (2025), argumentando que las resoluciones de suspensión dictadas por tribunales superiores constituyen una directriz de cumplimiento obligatorio en situaciones procesales idénticas.
Constitucionalidad de las detenciones y debate de derechos
El choque doctrinal gira en torno al apartado estatutario 8 U.S.C. § 1225(b)(2)(A), norma bajo la cual el gobierno sostiene la detención de inmigrantes sin conceder audiencia de fianza.
El Ejecutivo asegura que otorgar el habeas corpus a Rojas Pliego le inflige un perjuicio irreparable al Estado al interferir con la aplicación de las leyes migratorias aprobadas por el Congreso.
Asimismo, la representación estatal destacó el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo en materia fronteriza, invocando precedentes históricos como Galvan v. Press y Fiallo v. Bell, donde se establece que las ramas políticas del gobierno gozan de amplias atribuciones sustraídas del control judicial ordinario.
