EL PASO, Texas.-Un hombre mexicano se declaró culpable de traficar migrantes a Estados Unidos a través de un túnel subterráneo entre Ciudad Juárez y El Paso, informó el Departamento de Justicia.
'Coyote' utilizaba un túnel secreto entre Ciudad Juárez y el Paso para traficar migrantes; lo vinculan con cártel
Luis Carlos Davalos-Lopez, de 29 años, se declaró culpable de conspirar para introducir migrantes a Estados Unidos a través de un túnel subterráneo entre Ciudad Juárez y El Paso. Autoridades dicen que algunos cobros llegaban hasta $30,000.
Se trata de Luis Carlos Davalos-Lopez, de 29 años, quien fue acusado de conspirar con otras personas para introducir migrantes al país.

Detectaron el túnel en 2025
Las autoridades federales localizaron en enero de 2025 un túnel que describieron como sofisticado y que conectaba Ciudad Juárez con El Paso.
Durante la investigación, agentes interceptaron llamadas en las que Davalos-Lopez y otras personas hablaban sobre el tráfico de migrantes a través de la estructura.
En esas conversaciones también se mencionaron cobros de hasta $30,000 para utilizar el túnel y entrar a Estados Unidos sin pasar por inspección.
Davalos-Lopez y otros dos presuntos cómplices fueron acusados formalmente en abril de 2025.
Posteriormente, el Gobierno de México lo transfirió a Estados Unidos conforme a su Ley de Seguridad Nacional.
Autoridades vinculan el túnel con el CJNG
El FBI afirmó que el túnel había sido construido por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para facilitar actividades de tráfico de personas, drogas y armas.
El caso también involucra acusaciones relacionadas con el traslado de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México.
Una de las coacusadas, Maria Del Rosario Navarro-Sanchez, de 40 años, se declaró culpable el 27 de agosto de conspirar para proporcionar apoyo material al CJNG mediante el tráfico de armas.
Otro acusado, Gustavo Castro-Medina, de 29 años, se declaró culpable de actuar como intermediario para transferir $3,000 destinados a la compra de armas.
Davalos-Lopez enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión. La fecha para su sentencia aún no ha sido establecida.
“Las condenas obtenidas en este caso son otro clavo en el ataúd de estas organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras", dijo el fiscal federal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons.
El caso fue investigado por el FBI, ATF, DEA y HSI, con apoyo de la Patrulla Fronteriza y autoridades mexicanas.























