LOS ÁNGELES, California. – Organizaciones pro inmigrantes celebraron el fallo de un tribunal que mantiene vigente una orden judicial que impide a agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizar redadas migratorias masivas en Los Ángeles y otros siete condados del estado.
"Nuestras comunidades tienen derechos": celebran fallo que frena redadas migratorias en el sur de California
El tribunal del Noveno Circuito rechazó la solicitud del gobierno federal de pausar una orden que suspende redadas migratorias en Los Ángeles y otros siete condados del sur de California; organizaciones celebraron la decisión.
Por:Univision
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En una conferencia de prensa conjunta este lunes en las instalaciones de ACLU del Sur de California, representantes de CHIRLA, la Brigada del Pueblo, NDLON y la Unión de Campesinos expresaron su respaldo al fallo y compartieron testimonios de personas afectadas por los operativos previos.
“Fueron tratados como criminales”
Uno de los demandantes, Pedro Vázquez, relató cómo fue detenido por agentes migratorios durante una redada en Los Ángeles: “Varios hombres se bajaron, me agarraron a mí y a mis compañeros y nos llevaron como si fuéramos criminales”.
Su testimonio fue uno de los que motivó la presentación de la demanda que resultó en la orden de restricción temporal emitida el pasado 11 de julio por el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones, la cual prohíbe detener personas en violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución.
Además, exige que se garantice el acceso a representación legal a quienes son detenidos. La directora ejecutiva de CHIRLA, Angélica Salas, afirmó que la intervención de su organización fue clave:
“Intervenimos en este caso porque fuimos testigos de las violaciones flagrantes de la Cuarta Enmienda. La decisión del Noveno Circuito afirmó que las personas que viven en la región del sur de California podrían seguir sufriendo daños”.
Más de 2,300 personas afectadas
Según cifras compartidas por las organizaciones, más de 2,300 personas fueron detenidas durante los operativos previos, sin acceso a abogados ni al debido proceso. Algunas de ellas aún permanecen en centros de detención, mientras que otras ya fueron deportadas.
El fallo del viernes pasado representa un revés para el gobierno federal, que había solicitado suspender la orden judicial que limita la capacidad de realizar redadas masivas sin supervisión judicial previa.
“ Este fallo no solo es una victoria legal, sino una afirmación de que nuestras comunidades tienen derechos que deben ser respetados”, concluyó Salas.
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